El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, rechazó la solicitud de desglose presentada por la abogada Ivanna Rodríguez, representante legal de Alan Speaker y Rafael Martínez Hazim, durante la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados en el caso Senasa, denominado por el Ministerio Público como una presunta trama de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
Rodríguez solicitó que sus representados fueran separados de la audiencia, debido a que tienen pendiente el conocimiento de un recurso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En respuesta, el fiscal Wilson Camacho pidió al tribunal rechazar la petición, bajo el argumento de que la existencia de un proceso de apelación no constituye un impedimento para conocer la revisión de la medida de coerción.
El magistrado acogió la posición del Ministerio Público y explicó que la revisión es obligatoria por disposición del legislador, ya que la medida de coerción debe ser revisada cada tres meses. Por tanto, la existencia de un proceso pendiente ante un tribunal de mayor jerarquía no impide conocer esta vista.
Durante la audiencia, solo los representantes legales de Alan Speaker, Rafael Martínez Hazim y Francisco Iván Minaya presentaron presupuestos con el propósito de obtener una variación de las medidas de coerción impuestas a sus defendidos.
Por razones de espacio, la audiencia se celebró en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Defensa de Hazim dice que espera la presentación de la acusación
A su salida del tribunal, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, manifestó que su estrategia de defensa está enfocada en la etapa de juicio y que esperan que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación.
Valerio sostuvo que, una vez finalizada la investigación, desaparecería el riesgo de que su defendido pueda obstruir las pesquisas, uno de los presupuestos que se toman en consideración para imponer medidas de coerción.
Sobre el estado de salud de Hazim, indicó que, aunque conocen su situación, no han solicitado hasta el momento una variación de la medida y que esperan la presentación de la acusación para debatir los elementos del expediente durante el juicio de fondo.
Al ser cuestionado sobre los testigos con los que contará la defensa, Valerio mencionó al actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, a propósito de sus declaraciones sobre un supuesto déficit de 13,000 millones de pesos en la institución.
El abogado consideró que esa cifra deberá ser demostrada en un juicio y sostuvo que las declaraciones de Guzmán podrían resultar relevantes, al señalar que este ha hecho referencia a situaciones irregulares que, según sus declaraciones, habrían continuado durante su gestión.
Defensa denuncia que el MP no investiga a otros señalados
Por su parte, el abogado Jaime Terrero, representante legal de Francisco Iván Minaya, denunció que el Ministerio Público estaría dejando fuera de la investigación a personas que, a su juicio, deberían ser sometidas a la justicia.
Terrero mencionó a propietarios de farmacias, dueños de clínicas, políticos y médicos que, según afirmó, tendrían vínculos con las irregularidades investigadas.
El jurista aseguró que existe un reconocido propietario de varias farmacias en el país que no ha sido investigado. También mencionó una clínica ubicada en la avenida Independencia y a un político fallecido recientemente, cuya vinculación, según dijo, figura en documentos de otros procesos judiciales.
Asimismo, cuestionó que médicos que, según sus declaraciones, habrían participado en el presunto desfalco sean utilizados ahora como testigos del Ministerio Público.
"El Ministerio Público está protegiendo a un grupo de personas y no los quieren someter a la justicia" , afirmó Terrero.
El abogado sostuvo que acudió a la audiencia para poner sobre la mesa lo que considera una investigación incompleta y reclamó que se profundicen las pesquisas sobre todos los posibles involucrados.
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