El Instituto Duartiano expresó este jueves su "total sorpresa" ante el memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno dominicano y Estados Unidos para recibir en tránsito a ciudadanos de terceros países deportados por Washington, y advirtió que la medida compromete la soberanía nacional y contradice el ordenamiento jurídico migratorio vigente. La reacción de la entidad patriótica se produce apenas dos días después de que el canciller Roberto Álvarez saliera a defender públicamente el acuerdo, firmado en el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas".
Un acuerdo que divide: soberanía versus cooperación bilateral
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, fue categórico al calificar el convenio como una actuación "excesivamente complaciente" por parte de las autoridades dominicanas. A su juicio, el acuerdo —conocido internacionalmente como Third Country National Agreement (TCNA)— incurre en una transgresión legal y constitucional que afecta la dignidad nacional, al permitir el ingreso de extranjeros que no han sido previamente visados por las autoridades consulares dominicanas.
Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano
"La legislación migratoria dominicana únicamente contempla la recepción de ciudadanos dominicanos y, de manera excepcional, de extranjeros previamente visados por las autoridades consulares del país", argumentó Gómez Ramírez, quien también cuestionó el hecho de que el anuncio se produzca en un contexto en que el país enfrenta una situación "altamente crítica" por la presencia de millones de extranjeros indocumentados procedentes de Haití, mientras las autoridades migratorias desarrollan operativos para controlar el flujo irregular.
El giro que nadie esperaba
Uno de los señalamientos más duros del dirigente duartiano apunta directamente al presidente Luis Abinader: hace apenas tres meses, el mandatario había descartado públicamente la posibilidad de suscribir un acuerdo de esta naturaleza. Para Gómez Ramírez, ese "violento cambio de actitud" no tiene explicación coherente y genera desconfianza sobre el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior.
A ello se suma la preocupación por el componente militar del acuerdo. El Instituto Duartiano advirtió que las operaciones implican el aterrizaje de aeronaves militares extranjeras y el uso de aeropuertos militares dominicanos, una situación que, a su juicio, debe ser objeto de un amplio debate nacional por las implicaciones soberanas y estratégicas que conlleva.
La Cancillería responde: "hasta 30 personas al mes, sin permanencia indefinida"
Frente a la ola de críticas, el canciller Roberto Álvarez compareció el miércoles ante la prensa para aclarar los alcances del memorando. Según explicó, el acuerdo es de carácter no vinculante, puede ser terminado en cualquier momento por cualquiera de las partes, y establece un techo de hasta 30 personas por mes, sin antecedentes penales, excluidos los haitianos y los menores no acompañados. Álvarez subrayó que los deportados no permanecerán en territorio dominicano de forma indefinida y que todos los costos operativos y financieros correrán por cuenta del Gobierno estadounidense.
Sin embargo, esas aclaraciones no lograron disipar las dudas de sectores políticos, jurídicos y patrióticos que cuestionan tanto el fondo como la forma en que se manejó el proceso de negociación, señalado por varios actores como opaco.
El Instituto Duartiano pide revisión en la Cancillería
Más allá del debate jurídico, el Instituto Duartiano elevó el tono político al exigirle al presidente Abinader que revise las actuaciones de los funcionarios vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad consideró que algunas decisiones de la Cancillería comprometen la imagen y la dignidad del pueblo dominicano ante la comunidad internacional.
La postura del Instituto Duartiano se suma a un creciente coro de voces críticas que, desde distintos sectores, han cuestionado si la República Dominicana está cediendo márgenes de soberanía en aras de mantener una relación fluida con la administración Trump, en un momento en que Washington presiona a varios países de la región para que colaboren con su política migratoria de deportaciones masivas.
El debate está abierto. Y la pregunta que queda en el aire es si el Gobierno dominicano tiene —o tendrá— la voluntad de someterlo al escrutinio legislativo y ciudadano que una decisión de esta envergadura requiere.
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