El presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Manuel Ramón Herrera Carbuccia, valoró como positiva la integración del magistrado Namphi A. Rodríguez a la alta corte, al destacar que en su visión como juez y académico convergen la tradición jurisprudencial con una perspectiva de las nuevas corrientes del derecho.
Al recibir su informe de despacho, Herrera Carbuccia reseñó que, durante el período comprendido entre enero y octubre, el magistrado Namphi Rodríguez fue ponente de 308 sentencias, en las que se destaca como un pilar de los derechos fundamentales al presentar proyectos de trascendencia para la jurisprudencia en materias como medio ambiente, derecho tributario y los límites constitucionales de las interceptaciones telefónicas del Poder Judicial en el contexto de los procesos disciplinarios a sus servidores.
En este último tema, subrayó que Rodríguez fue el ponente de la sentencia SCJ-TS-26-0743, del 17 de abril de 2026, en la que se aplicó el precedente TC/1278/25 y se estableció que una autorización judicial no basta para legitimar una intervención telefónica, sino que es indispensable que exista una ley que autorice expresamente dicho procedimiento.
La decisión precisó que las facultades de investigación de los órganos disciplinarios no pueden equipararse a las atribuciones propias de la persecución penal.
Del mismo modo, dijo que el juez y académico, integrado a la SCJ en 2025, es el autor de la sentencia SCJ-TS-26-0355, del 26 de febrero de 2026, que desarrolló la noción de “interés casacional constitucionalmente notorio” respecto de los vicios vinculados con las reglas para el dictado de las sentencias.
Esta decisión estableció que la falta de ponderación para el dictado de una sentencia o la contradicción de motivos habilitan el acceso al recurso de casación, fundamentado en el artículo 69 de la Constitución y el artículo 34 de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación.
Otro precedente que destacó es la sentencia SCJ-TS-26-0678, del 31 de marzo de 2026, que innovó al implementar por primera vez en el recurso de casación la técnica de interpretación del “distinguishing”, diferenciando circunstancias particulares del litigio para resolver una demanda de pensión por invalidez.
La protección al medio ambiente ha sido un tema tutelado por el magistrado Rodríguez, al dictar la Tercera Sala de la SCJ la sentencia SCJ-TS-26-1340, que abordó la potestad sancionadora preventiva de la Administración ante la instalación sin permiso de un establecimiento comercial en la isla Saona, dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en Bayahibe.
El fallo precisa que la Administración no tiene que esperar a comprobar la presencia de turistas o la prestación de servicios de estos establecimientos sin permiso para ejercer la potestad sancionadora prevista por la ley.
En materia tributaria, el presidente de la Tercera Sala resaltó la sentencia SCJ-TS-26-1902, del 30 de septiembre de 2026, que precisó que un acuerdo de pago entre un contribuyente y la administración tributaria no puede modificar el régimen especial de prescripción de tres años para aplicar el plazo de 20 años del derecho civil, en perjuicio de los ciudadanos.
Los ámbitos competenciales de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de derechos de autor han sido abordados en la sentencia SCJ-TS-26-1557, del 31 de julio de 2026, en la cual se decidió que las controversias surgidas en el interior de las sociedades de autores y editores, relacionadas con la modificación de sus estatutos, no son atribución de dicha jurisdicción, debido a que prima la libertad de asociación reconocida por la Constitución.
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