El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, el Reglamento de Coordinación e Interés estratégico de la infraestructura digital del Estado, con la finalidad de asegurar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración Pública se realicen de manera coordinada y alineada con las políticas nacionales de transformación digital.

Este decreto tiene el propósito de mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos bajo responsabilidad del Estado, asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.

Mediante esta normativa se designa al Ministerio de Administración Pública como la autoridad de aplicación del reglamento, entidad que tendrá a su cargo la coordinación general de los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas reguladas.

El Ministerio de Administración Pública asume la responsabilidad de garantizar que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada, interoperable y bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.

Principales novedades e impactos institucionales

Entre sus puntos más relevantes, se encuentran:

Todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación técnica previa emitido por el MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.

Con la Ley de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Administración Pública podrá coordinar licitaciones agregadas entre múltiples ministerios y direcciones públicas, permitiendo negociaciones a escala que generarán ahorros significativos al erario.

Mediante este decreto se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el Ministerio de Administración Pública y conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad. Soberanía digital y protección de datos.

El reglamento prohíbe cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos.

Con este paso, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la función pública y la construcción de un Gobierno Digital moderno, transparente, eficiente y verdaderamente al servicio de la gente.

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