Rusia es responsable de tráfico de personas por reclutar ciudadanos extranjeros mediante falsas ofertas de trabajo, trasladarlos a su territorio y obligarlos a incorporarse a sus fuerzas armadas para combatir en Ucrania, según las conclusiones de una investigación de Naciones Unidas divulgadas por el periódico español EL PAÍS.

Pablo de Greiff, académico colombiano e integrante de la Comisión Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, sostuvo que las prácticas rusas reúnen los elementos que configuran el delito de trata de personas: contratación mediante engaños, traslado encubierto y explotación de las víctimas una vez llegan a su destino.

«Rusia es responsable de tráfico de personas. Cumple los tres requisitos», afirmó De Greiff en una entrevista concedida al periodista Diego Stacey, publicada por EL PAÍS .

El informe documenta casos de ciudadanos extranjeros que viajaron a Rusia convencidos de que ocuparían empleos civiles, pero terminaron incorporados contra su voluntad al ejército ruso. Algunos fueron amenazados y sometidos a violencia cuando se negaron a firmar contratos militares.

Dominicanos también figuran entre los casos bajo investigación

La trampa del “intercambio cultural o trabajo”: El esquema con el que envían dominicanos a instalaciones militares en Rusia; un joven tiene la pierna fracturada.

La situación tiene una dimensión directa para República Dominicana. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que tiene identificados formalmente 20 ciudadanos dominicanos cuyos casos fueron comunicados a las autoridades rusas por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el conflicto armado en Ucrania.

La cifra, sin embargo, no significa que los 20 estén confirmados como combatientes del Ejército ruso ni que todos hayan sido víctimas de reclutamiento mediante engaños.

Se trata de personas cuyos casos están bajo seguimiento de las autoridades dominicanas, en medio de denuncias sobre ofertas laborales que habrían servido para captar extranjeros y trasladarlos a Rusia.

La Cancillería mantiene gestiones diplomáticas, consulares y jurídicas para esclarecer la situación, localizar a los afectados y facilitar el regreso de quienes soliciten asistencia.

Entre las actuaciones figura la contratación de asesoría jurídica especializada en Rusia y el desplazamiento de una comisión dominicana a Moscú para continuar los contactos con las autoridades de ese país.

La Embajada dominicana en Moscú también ha remitido comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para solicitar información sobre los ciudadanos identificados y dar seguimiento a sus casos.

El canciller Víctor (Ito) Bisonó planteó la preocupación dominicana a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión bilateral celebrada en Nueva York, en septiembre pasado.

Bisonó a Serguéi Lavrov: "Le externé nuestra preocupación por las informaciones recibidas sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia y su posible vinculación, posterior, con actividades relacionadas al conflicto Rusia-Ucrania".

Uno de los casos que ha recibido atención oficial es el de cuatro dominicanos que decidieron no firmar contratos militares después de llegar a Rusia. Tras contactar con la Embajada dominicana en Moscú, recibieron alojamiento, alimentación y asistencia logística, mientras la Cancillería coordinó su retorno al país.

El embajador ruso en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, confirmó que las autoridades de su país examinan la documentación correspondiente a los 20 dominicanos, aunque rechazó las acusaciones de que Rusia haya recurrido al engaño para incorporarlos a sus fuerzas armadas.

El diplomático aseguró que Moscú comunicará los resultados de sus investigaciones a las autoridades dominicanas y a los familiares de los afectados.

Acento.com.do ha publicado laqs siguientes informaciones sobre las denuncias, las gestiones diplomáticas y los ciudadanos dominicanos involucrados en estos casos:

Reclutamiento mediante falsas ofertas de empleo

La investigación de Naciones Unidas identificó evidencias de reclutamiento engañoso de ciudadanos procedentes de 29 países, entre ellos Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú, India, Filipinas, Ghana, Turquía y Marruecos.

Las operaciones utilizan principalmente las redes sociales y agencias que se presentan como intermediarias laborales para ofrecer supuestas oportunidades de empleo en Rusia. En algunos casos, las ofertas prometían trabajos en museos y actividades culturales.

De Greiff relató que varios ciudadanos bolivianos recibieron propuestas para trabajar en un museo y que el desplazamiento fue presentado como un recorrido cultural.

La comisión identificó empresas que, bajo la apariencia de agencias de empleo, funcionan como estructuras de reclutamiento para las fuerzas rusas. Algunas operan en Colombia, uno de los países latinoamericanos más afectados por la captación de ciudadanos para conflictos armados en el extranjero.

El documento señala que la mayoría de los reclutados carecía de experiencia militar, atravesaba dificultades económicas y no hablaba ruso. Estas circunstancias les impedían comprender adecuadamente los contratos que firmaban y aumentaban su vulnerabilidad ante los mecanismos de coerción.

Muchos terminaron destinados al frente de batalla, donde algunos murieron o desaparecieron. Una investigación de la BBC publicada en julio contabilizó más de 3,500 extranjeros muertos mientras combatían para Rusia.

Diferencias entre el reclutamiento ruso y el ucraniano

De Greiff distingue estas operaciones del reclutamiento de extranjeros realizado por Ucrania mediante su Legión Internacional.

Según el investigador, el reclutamiento ucraniano corresponde a personas que voluntariamente aceptan combatir a cambio de beneficios económicos. La comisión no encontró indicios de que Kiev utilizara engaños para incorporar ciudadanos extranjeros.

El experto advirtió, además, que la responsabilidad de prevenir la trata de personas no corresponde exclusivamente a Rusia. Los países de origen también deben advertir a sus ciudadanos sobre las ofertas fraudulentas y los mecanismos utilizados para captarlos.

De Greiff también cuestionó el argumento ruso de que las estructuras energéticas bombardeadas representan objetivos militares.

Sostuvo que se trata de instalaciones de carácter civil cuyo deterioro afecta directamente las condiciones de vida de millones de personas, particularmente por la dependencia de la calefacción y los servicios de conectividad durante el invierno.

La comisión concluye su informe con un llamado a detener los ataques contra infraestructuras civiles esenciales y a poner fin al reclutamiento de extranjeros mediante engaños y coerción.

De Greiff aclaró que el mandato del organismo consiste en investigar y documentar las violaciones de los derechos humanos, no en pronunciarse sobre las negociaciones de paz ni sobre la participación de Estados Unidos en eventuales acuerdos.

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