La semana pasada, el Ministerio Público informó que alcanzó un acuerdo judicial en el que Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y se comprometieron a pagar más de 3,000 millones de pesos como parte de la resolución del caso, pero poco se ha hablado del contenido de la misma.

Parte de lo que decía la querella en contra de  Montilla Sierra, quien junto a sus empresas fue acusado de participar en un esquema de corrupción mediante contrataciones fraudulentas y sobrevaloradas con las distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste, así como con la desaparecida Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

La acusación establecía que Montilla Sierra, valiéndose de su vínculo familiar con el expresidente Danilo Medina, manipuló fichas técnicas, falseó certificaciones y dirigió procesos de compras hacia suplidores específicos, logrando adjudicarse contratos millonarios.

Entre las irregularidades señaladas figuraban sobrevaloraciones de hasta un 100 % en equipos eléctricos, licitaciones amañadas y pagos irregulares en dólares, en abierta violación a las disposiciones legales.

El expediente detallaba, además, que estas prácticas ocasionaron un déficit funcional y operativo en las empresas distribuidoras, que solo pudieron sostenerse gracias a los subsidios estatales. Según la querella, se trataba de un entramado fraudulento que incluía sobreprecios, servicios innecesarios y contrataciones de empresas vinculadas a familiares y allegados del imputado.

Con este acuerdo, Montilla se convierte en uno de los principales encartados en admitir responsabilidad penal, lo que, según el Ministerio Público, constituye un paso trascendental para recuperar recursos distraídos y establecer un régimen de consecuencias frente a la corrupción administrativa.

Compras directas bajo el engaño

Según el documento, en las tres distribuidoras, Edeeste, Edesur y Edenorte, los querellados organizaban, participaban, realizaban y adjudicaban procesos por proveedor único y compras directas bajo el engaño realizado por parte de Montilla Sierra, quien, "en connivencia con los principales ejecutivos de las empresas distribuidoras", Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés Del Carmen Marínez y Julio César Correa, alteraban documentos técnicos y manipulaban el sentido de los mismos para alegar que su empresa, la sociedad Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., tenía la representación exclusiva de la empresa Aclara Technologies, LLC., empresa multinacional que ostenta la patente de la tecnología Twacs, utilizada por el sistema de medición implementado por las empresas distribuidoras. Esto con el propósito de justificar, de manera dolosa, el uso de estas modalidades de compras y contrataciones, siendo una maniobra fraudulenta sumamente exitosa para el querellado y los ejecutivos de las distribuidoras, ya que, a través de estas, lograron adjudicarse compras millonarias, sobrevaluadas.

La premisa Inicial que pretendía sustentar la celebración de procesos por proveedor único y las compras directas, era parte de maniobras orquestadas por Maxy Montilla Sierra y los principales ejecutivos de las empresas distribuidoras, que se consumaban a través de certificaciones que falseaban la verdad, pues la propia Aclara Technologies, LLC., ha certificado que nunca existió exclusividad a favor de Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., por lo que durante todos estos años las empresas distribuidoras pudieron haber comprado los equipos directamente a ella."

Manipulación de las fichas técnicas

Una de las formas fraudulentas de dirigir los procesos de contrataciones públicas, destaca el documento, era manipular las fichas técnicas para dirigir los procesos a un proveedor único, en este caso, Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., representada por Maxy Montilla Sierra, quien, aprovechándose de esta calidad, sobrevaluó en un 100 % los productos vendidos a Edeeste, Edesur y Edenorte.

La manipulación de las fichas técnicas consistía en indicar la obligatoriedad de adquirir los medidores ya integrados con el módulo que incluye la tecnología Twacs, contrario a como se hacia anteriormente, que se compraban por separado para ensamblarlos posteriormente, lo que hubiese permitido a las empresas del sector eléctrico promover procesos de compra con más oferentes para obtener mejores precios de compra para la adquisición de estos equipos.

La modificación de la ficha técnica promovida por Montilla Sierra y sus adláteres investidos de calidad de funcionarios públicos, que imponía a las empresas eléctricas la obligación de adquirir los medidores con los módulos integrados, provocó que su sociedad comercial se convirtiera, de manera fraudulenta, en licitante y suplidor único.

Materiales incompletos

A pesar de que en los contratos se indicaba expresamente la cantidad de materiales que debían ser entregados a Edesur y que la Dirección de Finanzas efectuaba la totalidad de pago, la querella establece que, en la práctica, era común que Maxy Montilla Sierra entregara menos cantidad de materiales que la establecida en el contrato, sin que mediara reclamación de ningún tipo, precisamente producto del contubernio entre éste y Radhamés Del Carmen Marínez, y los demás directores, gerentes y encargados Edesur.

"Peor aún – agrega -, en los contratos con Edesur, se sobrevaloraban los bienes vendidos hasta por cinco veces el valor de compra anterior. Por ejemplo, en el año 2015 el precio de venta del Medidor Ind Socket GPRS CL200 4 Hilos, era de US$ 169.00 (aproximadamente RD$ 7,605.00, en base a la tasa de cambio promedio del 2015), sin embargo para el año 2018, su precio unitario se incrementó aproximadamente en un 460 %, esto es cuatro veces más sobre el valor por el que se adquirió el mismo equipo en el año 2015, ya que Edesur adjudicó su compra a Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., por un precio de RD$38,558.08 por unidad, cuando la tasa promedio del dólar en el 2018 era del 49.54 por 1, lo que equivale a US$778.32 y a US$856.46 si tomamos la misma tasa utilizada en el 2015.17″.

De esta misma manera, en los contratos con Edesur, se sobrevaloraban los equipos sin justificación alguna, provocando un pago en exceso por parte de Edesur al adquirir los mismos bienes en contrataciones diferentes.

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