El Gobierno dominicano ha mantenido el ritmo de deportaciones de extranjeros en condición migratoria irregular prometido por el presidente Luis Abinader, quien en octubre de 2024 anunció un plan para repatriar hasta 10,000 indocumentados por semana. Las estadísticas oficiales muestran que, desde la puesta en marcha de la medida, los operativos se han intensificado y, en algunos períodos, las cifras han superado la cantidad anunciada por el mandatario.
Para cumplir con esa disposición, el mandatario ha mantenido su respaldo a la Dirección General de Migración, instruyendo el fortalecimiento de sus capacidades operativas, tecnológicas y de personal, así como una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de seguridad fronteriza. Ese apoyo oficial busca garantizar que los procesos de interdicción, registro y repatriación de nacionales haitianos en condición irregular se ejecuten de manera sostenida, conforme a la política migratoria definida por el Gobierno.
La frontera como eje de la política migratoria
La Dirección General de Migración (DGM) informó que, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026, fueron deportados, por el punto de control migratorio y fronterizo de Dajabón, 202,294 nacionales haitianos en condición migratoria irregular. De ese total, 79.938 corresponden al período transcurrido de este año.
Las deportaciones registradas por la provincia de Dajabón corresponden a interdicciones realizadas en la región norte del país, que incluyen zonas de Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Hermanas Mirabal y Espaillat.
74 operativos de interdicciones en agosto
La DGM informó que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, fueron deportados, por Dajabón, 79.938 extranjeros en condición migratoria irregular. Solo en agosto fueron detenidas 4,492 personas, como resultado de 74 operativos de interdicción migratoria y detenciones en puestos de chequeo, realizados con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en comunidades como Partido, El Pino, Manuel Bueno, Santiago de la Cruz, Los Miches, Carbonera, Cañongo, La Vigía, Loma de Cabrera, Capotillo, Chacuey, Sabana Larga, La Aviación, Restauración, Monte Grande, Palo Blanco y La Rosa.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, en Dajabón fueron sometidas a la justicia 19 personas por tráfico de migrantes, uso de documentos falsos y agresiones físicas; en uno de los casos, un migrante irregular estaba en posesión de sustancias ilícitas.
Además, las intervenciones realizadas en centros de salud de la provincia, entre ellos el Hospital Provincial Matías Ramón Mella, el Hospital Municipal de Restauración y el Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona, resultaron en la detención de 375 extranjeros entre 2025 y agosto de 2026.
Más personal y equipos para sostener las repatriaciones
La DGM señaló que tanto el punto fronterizo de control migratorio como el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón han sido fortalecidos con recursos operativos, tecnológicos y de personal. Según la institución, este año fueron designados 37 agentes migratorios y 14 inspectores de control migratorio para garantizar una mayor capacidad operacional y apoyar el programa de registro y control biométrico destinado a regular el acceso al mercado binacional.
La institución agregó que mantiene inspecciones permanentes en puestos de chequeo y vías de comunicación utilizadas por redes de tráfico de personas, tanto en vehículos como en motocicletas y rutas peatonales. También indicó que cuenta con capacidad para desplegar dos equipos de interdicción migratoria de manera simultánea, adicionales a los del Ejército de la República Dominicana, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y de la Policía Nacional en esa provincia.
La orden presidencial que endureció el control migratorio
Como antecedente reciente, el 2 de octubre de 2024, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en la que el Gobierno dispuso la ejecución inmediata de un plan para repatriar hasta 10.000 nacionales haitianos en condición migratoria irregular por semana.
La medida fue presentada como una respuesta al aumento de la migración irregular desde Haití y a los limitados avances de la misión internacional de apoyo a la seguridad haitiana. También incluyó el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, el aumento del personal de la Dirección General de Migración y la desarticulación de redes de tráfico de personas.
Posteriormente, Abinader afirmó que el Gobierno estaba cumpliendo los objetivos trazados en materia de repatriaciones y sostuvo que los operativos se realizaban de manera organizada y con respeto a los derechos humanos.
Durante 2025 y 2026, esa línea de acción se mantuvo con nuevos operativos de interdicción, refuerzo logístico y tecnológico, controles biométricos y mayor coordinación entre Migración, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. Con ello, la política oficial de deportaciones quedó consolidada como uno de los ejes principales del control migratorio dominicano frente a la crisis haitiana.
Las cifras que evidencian la escalada
En comparación con años anteriores, las cifras muestran un incremento sostenido de las deportaciones tras el endurecimiento de la política migratoria. De acuerdo con datos atribuidos a la Dirección General de Migración, en 2024 se registraron 276,215 repatriaciones de nacionales haitianos en condición irregular, mientras que en 2025 la cifra subió a 379,553, lo que representó un aumento de 37.4 % respecto al año previo.
La aceleración también se observa al comparar períodos parciales: entre enero y abril de 2025 fueron repatriados 119.003 ciudadanos haitianos, un 71 % más que en igual período de 2024. Asimismo, la DGM reportó que de octubre de 2024 a abril de 2025 se realizaron 213,580 repatriaciones, con un promedio mensual de 30,511, superior al promedio de 20,245 registrado entre enero y septiembre de 2024, antes de la aplicación del plan ampliado dispuesto por el Gobierno.
Cifras récord y críticas internacionales
No obstante, la política de deportaciones ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno dominicano que detenga las expulsiones colectivas y revise prácticas que, según esa organización, podrían afectar a personas vulnerables.
Entre esas personas se incluyen mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y dominicanos de ascendencia haitiana. La organización también ha señalado preocupaciones por posibles perfiles raciales, falta de evaluaciones individualizadas y restricciones vinculadas al acceso a servicios esenciales, especialmente de salud.
Frente a esas críticas, las autoridades dominicanas han defendido que los operativos forman parte del ejercicio soberano de control migratorio y de la aplicación de la ley, en un contexto marcado por la crisis política, social y de seguridad en Haití.
El Gobierno ha sostenido que las interdicciones se realizan con apoyo institucional, registro biométrico, refuerzo tecnológico y coordinación entre Migración, las Fuerzas Armadas y otros organismos. Según esa postura, el objetivo es ordenar los procesos, combatir el tráfico ilícito de personas y mantener controles en la frontera y en las principales rutas utilizadas por redes de movilidad irregular.
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