El Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional por dos años, orientado a verificar la calibración de las balanzas camioneras que utilizan los gestores privados de residuos. En términos simples: el Estado quiere asegurarse de que los datos sobre cuánta basura se recoge y procesa en el país sean confiables.
El nudo del acuerdo: las balanzas que nadie auditaba
El punto más concreto del convenio —y el que más preguntas genera— es la verificación metrológica de los equipos de pesaje utilizados por los gestores de residuos sólidos urbanos. Hasta ahora, DO Sostenible fiscalizaba la operación de esos gestores, pero sin un respaldo técnico independiente que certificara que las toneladas declaradas eran las toneladas reales.
Con este acuerdo, el INDOCAL asumirá la verificación de esas balanzas camioneras, emitirá constancias oficiales sobre su cumplimiento con los reglamentos técnicos vigentes y brindará capacitaciones en metrología, normalización y evaluación de la conformidad al personal de DO Sostenible.
¿Por qué importa la metrología en la gestión de residuos?
En un sistema donde los gestores privados cobran —en parte— en función del volumen de residuos procesados, la precisión de los instrumentos de pesaje no es un detalle técnico menor: es la base sobre la que se calculan pagos, se rinden cuentas y se evalúan resultados. Una balanza descalibrada puede inflar o reducir artificialmente las cifras, con consecuencias directas sobre el erario público y la credibilidad del sistema.
Lo que dicen las autoridades
El director ejecutivo de DO Sostenible, Príamo Ramírez Ubiera, enmarcó el acuerdo en el discurso de transparencia del gobierno: "Fortalecemos los procesos de fiscalización y continuamos ejecutando la visión del presidente Luis Abinader: la de un gobierno transparente y que rinde cuentas", afirmó.
Por su parte, el director general del INDOCAL, Néstor Julio Matos Ureña, subrayó el valor de la cooperación interinstitucional: "Cuando las instituciones trabajan unidas, con objetivos claros y compromiso técnico, es posible construir soluciones sostenibles que generan valor para las futuras generaciones".
Un sistema que avanza, pero con brechas
Los números de DO Sostenible muestran una mejora real desde su creación. En 2021, la República Dominicana procesaba apenas el 7% de los residuos sólidos urbanos que genera. Hoy, según datos del propio fideicomiso, ese porcentaje supera el 38%, lo que equivale a más de 4,400 toneladas tratadas correctamente por día, de un total estimado de 13,500 toneladas que el país produce a diario.
La meta declarada es alcanzar el 82% de procesamiento adecuado para 2028. Para lograrlo, el fideicomiso ha clausurado 12 vertederos a cielo abierto, puesto en operación tres estaciones de transferencia y dos rellenos sanitarios, y expandido su cobertura a la región Este, donde ya se maneja correctamente el 80% de los residuos producidos.
La brecha entre los anuncios y la ejecución
Sin embargo, el camino no está libre de tensiones. La implementación de la Ley 98-25 —que modificó el marco normativo de DO Sostenible— ha generado controversia, especialmente en torno al mecanismo de cobro por el servicio de gestión de residuos, que recae sobre la DGII y ha sido cuestionado por sectores empresariales. Como señaló recientemente una columna de opinión en Acento, "persiste una brecha crítica entre lo que se ha construido en términos de acuerdos y lo que efectivamente se ejecuta".
En ese escenario, el acuerdo con INDOCAL apunta a cerrar una de esas brechas: la que existe entre las toneladas que se declaran y las que realmente se pueden verificar.
Lo que viene
El convenio tiene una vigencia de dos años y establece compromisos recíprocos: el INDOCAL verificará equipos y capacitará personal; DO Sostenible, a través de su Dirección de Fiscalización, facilitará el acceso a instalaciones y desarrollará programas de formación para los técnicos del instituto en materia de gestión integral de residuos.
Lo que el acuerdo no precisa es el cronograma concreto de las verificaciones ni cuántos gestores serán auditados en ese período. Esos detalles operativos serán determinantes para evaluar si el convenio produce resultados tangibles o queda como un instrumento de buenas intenciones.
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