La diputada por Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal dominicano, con el propósito de impedir que opiniones, críticas, denuncias ciudadanas o publicaciones periodísticas puedan ser castigadas con prisión.
La iniciativa plantea cambios a los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, al considerar que la redacción actual de esas disposiciones podría generar riesgos para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder público.
El nuevo proyecto fue sometido el 10 de junio y forma parte de una agenda legislativa iniciada por la congresista el pasado 6 de mayo, cuando depositó el Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa en la República Dominicana.
Dos iniciativas con un mismo objetivo
De acuerdo con la legisladora, ambas propuestas buscan establecer un marco de protección para que ninguna persona pueda ser perseguida penalmente por opinar, criticar, denunciar, ejercer el periodismo, reclamar rendición de cuentas o participar en debates de interés público.
La primera pieza establece garantías generales para proteger la libertad de expresión y prohibir la censura previa, mientras que la segunda procura corregir artículos específicos del nuevo Código Penal que, según Pérez, podrían abrir la puerta a sanciones penales contra expresiones ciudadanas, críticas políticas o publicaciones en medios de comunicación y redes sociales.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, afirmó la diputada al depositar la pieza.
Fin de la prisión por difamación e injuria
Entre los principales cambios propuestos figura la modificación de los artículos 208 y 210, relativos a la difamación y la injuria.
La iniciativa sustituye la prisión por multas y medidas de reparación proporcional, además de incorporar el estándar de dolo en los casos vinculados a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés general.
Esto significa que solo habría responsabilidad cuando se demuestre que una imputación fue realizada a sabiendas de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.
Con esta precisión, la propuesta busca diferenciar entre una acusación falsa hecha de manera deliberada y expresiones propias del debate público, la fiscalización ciudadana, la crítica política o el trabajo periodístico.
Eliminación del ultraje a funcionarios como delito de expresión
Otro punto central del proyecto es la modificación de los artículos 310 y 311, relacionados con el ultraje a funcionarios públicos.
La diputada propone eliminar el tipo penal que permitiría castigar con prisión palabras, gestos, escritos, imágenes o expresiones dirigidas contra autoridades o servidores públicos.
En su lugar, plantea una infracción más precisa, limitada a amenazas graves, reales, concretas e idóneas. De esa manera, quedarían expresamente protegidos la crítica política, el reclamo ciudadano, la sátira, la denuncia pública y la exigencia de rendición de cuentas.
Acoso, hostigamiento y ciberbullying con límites más claros
La propuesta también modifica los artículos 121, 122 y 123, vinculados al acoso, el hostigamiento y el ciberbullying.
Según la legisladora, la intención no es debilitar la protección de las víctimas, sino evitar que esos tipos penales sean utilizados de forma amplia contra expresiones legítimas.
Por ello, el proyecto exige que exista una conducta reiterada, grave e injustificada, acompañada de un daño real y verificable. Al mismo tiempo, excluye expresamente opiniones, críticas, sátiras, denuncias y expresiones sobre asuntos de interés público.
La pieza mantiene sanciones de hasta cinco años de prisión cuando la víctima sea menor de edad o cuando se divulgue contenido íntimo, y de hasta diez años cuando el acoso provoque un desenlace fatal previsible.
Mantiene sanciones contra chantajes y amenazas reales
Pérez sostuvo que su propuesta no procura eliminar sanciones contra conductas dañinas, sino precisar el alcance de la ley para que castigue los abusos reales sin convertir la opinión, la sátira, el reclamo ciudadano o la labor de la prensa en delitos penales.
En ese sentido, las modificaciones a los artículos 209 y 309 mantienen sanciones severas contra la difamación extorsiva, especialmente cuando se cometa mediante redes coordinadas, cuentas falsas o mecanismos digitales de presión.
También preservan la persecución de amenazas con armas, violencia o vínculos con el crimen organizado, al tiempo que buscan garantizar que reclamaciones legítimas, protestas pacíficas y publicaciones en redes sociales no sean usadas como base para persecución penal indebida.
“No vinimos a tumbar el Código Penal; vinimos a blindarlo antes de que entre en vigencia con un talón de Aquiles constitucional. Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana y dejemos a las víctimas sin protección y a los ciudadanos sin certeza jurídica”, expresó la congresista.
Debate sobre libertad de expresión y Código Penal
La propuesta se produce en medio del debate sobre el alcance de varias disposiciones del nuevo Código Penal, especialmente aquellas que podrían incidir en el ejercicio de la libertad de expresión, el periodismo, la opinión ciudadana y el uso de redes sociales.
Pérez argumentó que la República Dominicana necesita un Código Penal fuerte frente al delito, pero claro en materia de derechos fundamentales. A su juicio, sancionar amenazas reales, chantajes, acoso grave o violencia no puede confundirse con castigar opiniones, críticas o denuncias de interés público.
La diputada recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han sostenido que los delitos de expresión no deben ser castigados con prisión.
También citó el criterio fijado por el Ministerio Público dominicano en 2023, en el sentido de que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser criminalizada.
Proyecto será socializado con distintos sectores
Junto a la iniciativa, la legisladora depositó una matriz comparativa que presenta, artículo por artículo, la redacción vigente, la modificación propuesta y su justificación jurídica.
El documento será puesto a disposición de bloques partidarios, gremios periodísticos, universidades, juristas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en el debate.
“Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos. El país necesita reglas claras: cárcel para quien amenaza, chantajea o acosa de verdad; garantías para quien opina, denuncia, fiscaliza o informa”, concluyó Pérez.
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