La restitución del visado estadounidense de Gonzalo Castillo llega en un momento de alta tensión política y judicial: a pocos días de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decida si el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será enviado a juicio de fondo por el caso Calamar.
Castillo anunció el martes que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó su visa por 10 años, decisión que agradeció públicamente al presidente Donald Trump y a la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos. En su mensaje, el dirigente peledeísta presentó la medida como una reafirmación de los principios de libertad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales.
El anuncio se produce en la antesala de la decisión que debe emitir este viernes 29 de mayo, a las 3:00 de la tarde, la jueza Altagracia Ramírez, quien determinará si Castillo, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, será enviado o no a juicio de fondo por presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
La coincidencia de tiempos no pasó desapercibida. En el escenario político dominicano, la restitución de una visa estadounidense no suele leerse como un simple trámite consular, sobre todo cuando involucra a un dirigente que fue candidato presidencial, que enfrenta un expediente de alto perfil y que ahora vuelve a moverse dentro del tablero electoral con posibles intenciones de competir nuevamente por la candidatura presidencial del PLD.
¿Quién es Gonzalo Castillo?
Gonzalo Castillo Terrero nació el 20 de noviembre de 1960 en Barahona. Es empresario y político, con formación en el Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal, donde realizó estudios vinculados al área técnica. Antes de ocupar posiciones públicas de primer nivel, desarrolló una trayectoria en el sector privado y mantuvo una vinculación política dentro del PLD.
Su figura adquirió mayor proyección nacional en 2012, cuando el entonces presidente Danilo Medina lo designó ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, cargo que ocupó durante ocho años consecutivos. Desde esa posición se convirtió en uno de los funcionarios más visibles del gobierno peledeísta, asociado a una amplia agenda de infraestructura vial que le granjeó popularidad, pero también señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos.
En 2019, Castillo ganó las primarias internas del PLD y se convirtió en el candidato presidencial de esa organización para las elecciones generales de 2020, con Margarita Cedeño como compañera de boleta. Era su primera aspiración a un cargo electivo de alcance nacional.
En los comicios del 5 de julio de 2020, Castillo fue derrotado por Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en unas elecciones que marcaron el fin de dos décadas de gobiernos del PLD.
El caso Calamar y la cancelación de la visa
Tras la derrota electoral, Castillo entró en una etapa de bajo perfil público. Sin embargo, su nombre volvió al centro del debate nacional en marzo de 2023, cuando fue arrestado en el marco de la Operación Calamar, un expediente de corrupción administrativa que también involucra a los exministros Donald Guerrero, de Hacienda, y José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia.
El Ministerio Público acusa a los principales imputados de haber integrado una estructura que, desde posiciones estratégicas dentro del Estado, habría desviado más de RD$19,000 millones del erario, mediante expropiaciones irregulares y otras operaciones fraudulentas durante los años del gobierno de Danilo Medina.
Como consecuencia de su vinculación judicial al caso, a Castillo le fue cancelado previamente el visado estadounidense, una medida que en el contexto político dominicano tiene un peso simbólico considerable. La revocación de visas por parte de Washington ha sido históricamente interpretada como una señal de desconfianza hacia figuras señaladas por corrupción o vínculos con actividades ilícitas.
La defensa de Castillo, encabezada por la abogada Laura Acosta, ha rechazado las acusaciones del Ministerio Público y ha sostenido que el expediente está viciado. Sus abogados han planteado que la acusación fue depositada fuera de los plazos legales y que el proceso tiene una motivación política orientada a afectar al PLD de cara al futuro electoral.
Acosta también ha denunciado la existencia de “imputados favoritos” que, según la defensa, habrían sido beneficiados por el órgano acusador a cambio de señalar a personas que, a su juicio, no participaron en los hechos atribuidos.
La visa restituida y su lectura política
La restitución del visado por 10 años coloca a Castillo en una posición política distinta a la que tenía semanas atrás. Para sus aliados, la decisión de Estados Unidos representa una señal favorable en un momento clave de su trayectoria pública. Para sus adversarios, no elimina las acusaciones pendientes ni sustituye la decisión que debe tomar la justicia dominicana.
Lo cierto es que, en el contexto político nacional, la visa estadounidense funciona muchas veces como una especie de termómetro informal de legitimidad internacional. Su cancelación, en medio del proceso judicial, fue leída como un golpe político. Su restitución, ahora, es presentada por el entorno de Castillo como una reivindicación.
El comunicador Julio Martínez Pozo, coordinador de El Sol de la Mañana, vinculó públicamente la devolución del visado con la expectativa del fallo del 29 de mayo, sugiriendo que la decisión de Washington podría tener una lectura política en el contexto del desenlace esperado del proceso.
Sin embargo, más allá de las interpretaciones, el punto de fondo es que Castillo llega a la audiencia del viernes con un elemento nuevo en su narrativa pública: ya no solo comparece como imputado en un expediente de corrupción, sino también como dirigente al que Estados Unidos le acaba de restituir un documento que, en la cultura política dominicana, tiene un valor simbólico que trasciende lo migratorio.
La audiencia de este viernes 29 de mayo
La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene previsto decidir este viernes 29 de mayo si los imputados del caso Calamar serán enviados a juicio de fondo o si se dicta un no ha lugar a favor de alguno de ellos.
El fallo será dado a conocer a las 3:00 de la tarde, luego de una etapa preliminar extensa, marcada por aplazamientos, incidentes procesales y fuertes confrontaciones entre el Ministerio Público y las defensas.
El proceso lleva más de cuatro años en etapa preliminar. La primera audiencia estaba fijada para el 17 de junio de 2024, y desde entonces el expediente ha pasado por las manos de varias juezas y ha sido aplazado en múltiples ocasiones. El Ministerio Público ha atribuido esas dilaciones a tácticas de los imputados, mientras que las defensas sostienen que el caso presenta debilidades procesales y que incluso estaría extinguido por vencimiento de plazos.
Para el órgano persecutor, el expediente cuenta con pruebas suficientes para avanzar a juicio de fondo. Para la defensa de los exfuncionarios, el caso presenta fallas que impedirían su continuidad.
Si el tribunal envía el caso a juicio, Castillo quedaría sometido a una nueva fase judicial que podría prolongarse durante años y condicionar sus aspiraciones políticas. Si, por el contrario, se dicta un no ha lugar, el exministro obtendría una victoria jurídica de alto impacto, con efectos inmediatos sobre su imagen pública y su posicionamiento dentro del PLD.
El retiro que nunca fue
Después de perder las elecciones de 2020, Castillo redujo notablemente sus apariciones públicas. El hombre que había sido presentado como el candidato de la continuidad peledeísta pasó a ocupar un lugar discreto dentro del escenario político nacional. Sus intervenciones eran escasas y, tras el estallido del caso Calamar, sus apariciones quedaron asociadas principalmente a los tribunales.
Ese aparente retiro, sin embargo, nunca terminó de convertirse en una salida definitiva de la política. Castillo mantuvo vínculos con estructuras del PLD y con sectores que seguían viendo en él una figura con capacidad de movilización interna, especialmente entre dirigentes vinculados al danilismo.
En 2026, su nombre volvió a sonar con fuerza como posible aspirante presidencial. El 22 de febrero de 2026, el Comité Central del PLD acogió formalmente su aspiración presidencial para las elecciones de 2028, en medio de un proceso interno en el que la organización opositora busca redefinir liderazgo, discurso y estrategia electoral.
Semanas después, el exministro encabezó encuentros comunitarios en zonas de la provincia Santo Domingo, donde anunció su regreso activo a las calles con un mensaje de cercanía y trabajo junto a la gente. Esa reaparición alimentó las expectativas sobre su relanzamiento político.
El regreso al escenario electoral y las dudas dentro del PLD
El posible regreso de Castillo al escenario electoral ocurre en un momento complejo para el PLD. El partido que gobernó durante 20 años enfrenta el desafío de reconstruirse tras dos derrotas consecutivas, la salida de figuras claves, el fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo y el desgaste generado por los procesos judiciales abiertos contra exfuncionarios de sus gobiernos.
Para sus promotores, Castillo puede representar una figura capaz de conectar con la base peledeísta, movilizar estructuras y proyectar una imagen de eficiencia administrativa asociada a su paso por Obras Públicas. Para sus críticos, en cambio, su retorno revive el mismo modelo político de 2019, vinculado al peso del expresidente Danilo Medina y a una candidatura construida desde la lógica del control interno.
La restitución de la visa se inserta, precisamente, en ese debate. No solo fortalece su discurso de reivindicación personal, sino que le permite presentarse ante la militancia como un dirigente que resiste el proceso judicial y que, pese a los señalamientos, conserva capacidad de interlocución internacional.
Un viernes, mañana, decisivo para su futuro político
El fallo del 29 de mayo no solo definirá el curso judicial del caso Calamar. También tendrá consecuencias políticas directas sobre el futuro de Gonzalo Castillo.
Una decisión que lo envíe a juicio de fondo mantendría viva la presión judicial sobre su figura y pondría al PLD ante el dilema de promover como aspirante presidencial a un dirigente sometido a un expediente de corrupción de alto impacto. Un no ha lugar, en cambio, podría convertirse en el punto de partida de una ofensiva política orientada a reposicionarlo como opción presidencial para 2028.
La reposición del visado por 10 años no cierra el proceso judicial ni borra las acusaciones del Ministerio Público, pero sí modifica el clima político en torno al excandidato. En cuestión de días, Castillo pasó de esperar una decisión judicial clave a exhibir una señal que sus seguidores interpretan como favorable en el plano internacional.
En la política dominicana, los símbolos pesan. Y en el caso de Gonzalo Castillo, la visa restituida, el expediente Calamar y su posible nueva candidatura presidencial forman ahora parte de una misma ecuación: la de un dirigente que intenta transformar su momento más difícil en una plataforma de retorno político.
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