Un tribunal de Espaillat condenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió y violó sexualmente a una adolescente en el año 2023.
Juan Pérez fue condenado a la pena privativa de libertad y al pago de una indemnización de 2 millones de pesos al establecerse su culpabilidad en el caso.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, de Moca, provincia Espaillat.
El expediente detalla que el procesado violó a la adolescente de 14 años en momentos en que la víctima se encontraba sola en su vivienda. Indica que cometió los hechos en varias ocasiones y que amenazaba constantemente a la joven, advirtiéndole que si contaba lo ocurrido, la mataría a ella y a otros familiares cercanos. El caso fue descubierto en el mes de junio del año 2023.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Joan Vargas. Mientras que la litigación del caso el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Angélica Castillo y la fiscal Yesiely Fabré, quienes sustentaron la solicitud de la imposición de la pena con diferentes elementos de prueba.
En el proceso la víctima estuvo representada por el Ministerio de la Mujer, a través de las abogadas Teresa Minaya y Wanda Guzmán, quienes solicitaron a favor de su representada el pago de una indemnización de 10 millones de pesos.
Pérez fue hallado culpable de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, que sanciona los delitos de agresión y violación sexual.
Otros 20 años de prisión por violación
El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Peravia condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de ocho años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024.
La condena fue dictada contra de Azaqui Monte de Oca o Asaky Montes de Oca Calderón. El proceso judicial fue iniciado por el Ministerio Público luego de que la abuela de la víctima denunciara al agresor el 24 de julio del 2024.
La denuncia se produjo tras la confesión de la niña a su abuela, quien la cuestionó al ver el estado de nerviosismo que presentaba la víctima cuando su agresor estaba presente o era nombrado.
La niña reveló que el agresor la amenazaba con el objetivo de evitar que esta le contara a alguien lo sucedido.
En el proceso judicial, el Ministerio Público, representado por el procurador de corte Rafael Antonio Melo, demostró que el procesado faltó a varios artículos de legislaciones como el Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por decisión del tribunal, que integran los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun, el condenado deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Bani.
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