El crimen organizado transnacional ya no opera solo con lanchas, avionetas y contenedores cargados de cocaína. También avanza por el sistema financiero, los fraudes bancarios, los ataques cibernéticos contra estructuras oficiales y corporativas, el robo de identidad, las empresas de fachada y las posibles complicidades dentro de agencias oficiales. Hoy combina dinero ilícito, tecnología, corrupción, trata de personas y redes internacionales capaces de renovarse cada vez que las autoridades anuncian un nuevo golpe.
Las instituciones militares, los organismos de seguridad y las agencias encargadas de combatir el crimen enfrentan un desafío más complejo que en el pasado. Ya no basta con vigilar fronteras, puertos y costas: también deben responder al cibercrimen, a los fraudes bancarios, al lavado de dinero externo, al tráfico de armas cada vez más sofisticado y a la trata de personas. El riesgo mayor es que esas amenazas avancen más rápido que la capacidad del Estado para investigarlas, prevenirlas y señalar a quienes las protegen desde dentro o desde fuera de las instituciones.
Las cifras muestran el tamaño del desafío. En 2025, las autoridades dominicanas dijeron que ocuparon 48,335 kilogramos de drogas, detuvieron a 46,367 personas e incautaron 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, 2,082 vehículos y más de RD$34.5 millones en efectivo. Para especialistas consultados, esos decomisos son importantes, pero también dejan una pregunta seria: si se ocupa tanta droga, ¿cuánta logra pasar sin ser detectada?
El juego del gato y el ratón
El primer hallazgo es claro: el Estado golpea con más fuerza, pero las redes criminales también aprenden a moverse mejor. Ya no viven solo de la droga. Mezclan lavado de dinero, armas, trata de personas, fraudes por internet, empresas falsas y contactos dentro de instituciones.
El segundo hallazgo explica cómo operan esas redes. Un cargamento puede salir de Suramérica, pasar por costas dominicanas y terminar en otro país, mientras el dinero se lava mediante cuentas, vehículos, almacenes, casas o empresas. Por eso no basta con detener a quien carga la droga o realiza una llamada fraudulenta: hay que llegar hasta quien financia la operación, ofrece protección, presta la empresa y se queda con las ganancias.
De corredor de drogas a plataforma criminal
Por su ubicación en el Caribe, la República Dominicana es un punto atractivo para redes que quieren mover drogas, armas o dinero entre Suramérica, Norteamérica y Europa.
El 6 de diciembre de 2024, en el puerto de Caucedo, las autoridades ocuparon 9.889 kilogramos de cocaína, 9.8 toneladas, distribuidos en 9.587 paquetes. La Procuraduría presentó el caso como una incautación histórica y explicó que la investigación contó con apoyo de la DEA y cooperación internacional.
Especialistas consultados explican la diferencia con una imagen simple: una ruta es una carretera por donde pasa el crimen; una plataforma es un taller completo donde se le cambian las placas, se le esconden las ganancias y se le consigue protección. Ahí aparecen documentos falsos, transporte, almacenes, testaferros, cuentas bancarias y contactos dentro de instituciones. En ese punto, el problema deja de ser solo policial y se convierte en un asunto financiero, judicial y político.
El caso Caucedo también muestra por qué estas investigaciones suelen manejarse con reserva. La Procuraduría informó que el expediente tenía posibles ramificaciones fuera del país y requería cooperación jurídica internacional. Esa reserva, sin embargo, debe ir acompañada de rendición de cuentas: la sociedad necesita saber si el golpe terminó en condenas, decomiso de bienes y desarticulación real de la estructura.
Lo que advierten los organismos internacionales
Los organismos internacionales ubican al Caribe como una zona de presión criminal. La región combina rutas marítimas, economías abiertas, alta movilidad comercial y Estados con capacidades desiguales para vigilar puertos, bancos, fronteras y empresas. En ese mapa, la República Dominicana exhibe avances operativos, pero también riesgos de infiltración, lavado de dinero y corrupción.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubicó a la República Dominicana con una puntuación de criminalidad de 5.17 sobre 10. El país ocupó el puesto 91 de 193 países, el 21 de 35 en América y el cuarto de 13 en el Caribe.
El perfil asignó 8.00 puntos al comercio de cocaína, 6.50 a la trata de personas, 6.50 al tráfico de personas, 5.50 a las redes criminales y 5.50 a actores integrados en el Estado.
Para expertos en seguridad y justicia consultados, el dato más preocupante no está solo en la calificación internacional, sino en la distancia entre la ayuda externa y las fallas internas. Dicho en llano: el país puede tener buenos aliados, buenos operativos y buenos equipos, pero si hay huecos en la transparencia, la justicia o la rendición de cuentas, las redes encuentran por dónde volver a colarse.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del International Narcotics Control Strategy Report 2025, analiza el papel de varios países en el tráfico internacional de drogas, el lavado de dinero y los delitos financieros.
En su resumen sobre la República Dominicana, el Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley señala que el país sigue siendo un punto importante para el tránsito de cocaína por el Caribe y que las organizaciones criminales dominicanas mantienen vínculos con redes de Suramérica, México y Estados Unidos.
La respuesta del Estado: más coordinación, pero también más exposición
Las Fuerzas Armadas ocupan un lugar central en esa respuesta. El Ejército vigila la frontera, la Armada patrulla las costas y la Fuerza Aérea apoya con vigilancia y movilidad. Su trabajo ayuda a controlar puertos, playas, carreteras y zonas usadas por grupos criminales para mover drogas, armas o personas.
Especialistas consultados señalan que el despliegue militar y policial sirve para cerrar puertas, pero no basta con poner candados. Cada operativo necesita pruebas bien cuidadas, fiscales preparados y seguimiento del dinero. Si eso falla, cae el chofer, el mensajero o el vigilante, pero el dueño real del negocio sigue sentado en otra mesa.
La versión oficial del Gobierno sostiene que la coordinación interinstitucional ha producido resultados históricos. Entre el 19 de agosto de 2020 y el 16 de octubre de 2025, la DNCD reportó 187.221 personas detenidas y 226.814,19 kilogramos de drogas decomisadas.
En ese mismo balance se registraron 1,638 armas de fuego ocupadas, 396 inmuebles incautados, US$13,023,089.64 y RD$191,787,364 en efectivo, además de 355 personas extraditadas o deportadas.
Desde el ámbito judicial, el Observatorio del Poder Judicial ha señalado que entre 2023 y 2025 aumentó de forma marcada la tramitación de casos vinculados a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. De 50 expedientes registrados en 2023 se pasó a 450 entradas en 2024, y a 445 nuevos casos en 2025.
Para analistas judiciales, ese salto refleja una mayor detección y judicialización de casos de narcotráfico, aunque también plantea el reto de sostener investigaciones complejas sin saturar el sistema penal.
Inteligencia, justicia y seguimiento del dinero
La DNCD y la Policía Nacional cumplen funciones distintas dentro de una misma respuesta. La DNCD se concentra en rutas, cargamentos, puertos, aeropuertos, costas y operaciones antidrogas. La Policía Nacional aporta investigación criminal, inteligencia delictiva, captura de prófugos, combate al cibercrimen y control territorial. Cuando ambas trabajan con fiscales, inteligencia militar y cooperación internacional, aumenta la posibilidad de pasar del decomiso a la desarticulación.
El Ministerio Público dirige las investigaciones, presenta las acusaciones ante los tribunales, solicita arrestos y coordina extradiciones. A la vez, la Unidad de Análisis Financiero y otras instituciones revisan movimientos sospechosos de dinero en actividades como la construcción, los casinos, la venta de vehículos, la banca y el mercado de valores.
La Dirección Nacional de Inteligencia, creada por la Ley 1-26, reúne información que puede ayudar al Estado a anticipar amenazas graves, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y los ataques digitales. Esa labor puede ser útil, pero debe tener límites claros y vigilancia independiente para evitar abusos y proteger la privacidad de las personas.
La inteligencia militar completa ese engranaje con vigilancia territorial, marítima, aérea y fronteriza. Su función es detectar movimientos irregulares de embarcaciones, aeronaves, vehículos, contenedores y grupos vinculados a redes criminales. En operaciones complejas, ese apoyo sirve para asegurar perímetros, mover equipos y evitar fugas antes de que el Ministerio Público formalice los procesos.
Especialistas consultados dicen que el gran reto es armar el rompecabezas completo. Una alerta de inteligencia, un contenedor sospechoso, una transferencia bancaria, una llamada intervenida, un teléfono incautado o una captura en el exterior son piezas sueltas. Solo sirven de verdad cuando se juntan para mostrar quién manda, quién paga, quién mueve, quién protege y quién cobra.
Cooperación exterior y responsabilidad nacional
La cooperación internacional permite seguir pistas que cruzan fronteras, pero no reemplaza la responsabilidad interna. Estados Unidos, Colombia, España, Interpol y otros socios pueden aportar inteligencia, tecnología, extradiciones y asistencia técnica. Aun así, blindar puertos, bancos, instituciones y cuerpos de seguridad depende de decisiones nacionales sostenidas.
Ese esfuerzo ha recibido reconocimiento internacional. En julio de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos reconoció al Gobierno dominicano por su labor en la disrupción y desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, especialmente por los resultados alcanzados entre abril y mayo. Según esa comunicación dirigida a la DNCD, los avances fueron atribuidos a la integración de inteligencia conjunta, la cooperación regional y una postura proactiva frente al narcotráfico y el crimen organizado. También se destacó un desempeño superior al 90 % de la plataforma dominicana de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre.
Uno de los puntos más sensibles de esa cooperación es el tráfico de armas de fuego y municiones que salen de Estados Unidos hacia el Caribe. Las agencias estadounidenses ATF, CBP, HSI y la Oficina de Industria y Seguridad han reforzado los controles de exportación, el rastreo de armas y la tecnología de inspección para detectar envíos ilegales. En febrero de 2025, autoridades dominicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, interceptaron un contenedor procedente de Miami con destino a Haití que transportaba 23 armas de fuego de alto calibre no declaradas, incluidos rifles Barrett calibre 50, además de más de 36.000 cartuchos de munición.
La respuesta bilateral también busca desarticular las redes que compran, ocultan, exportan y reciben esas armas. Para eso se combinan rastreo, intercambio de información, investigaciones conjuntas, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades forenses y balísticas.
Estos mecanismos permiten conectar decomisos locales con estructuras ubicadas en varios estados norteamericanos, identificar intermediarios, documentar rutas marítimas y aéreas, y preparar casos judiciales capaces de golpear no solo el cargamento, sino la organización completa.
La cooperación judicial también se refleja en la entrega de dominicanos reclamados por tribunales estadounidenses. En 2025, varias personas fueron extraditadas por investigaciones vinculadas a narcotráfico, fraude electrónico, lavado de activos y delitos contra fondos de adultos mayores. Estos expedientes muestran que una parte del crimen que afecta a víctimas en Estados Unidos puede organizarse, financiarse o ejecutarse desde territorio dominicano, lo que obliga a tratar el fraude digital como un problema de seguridad transnacional y no como simple delincuencia común.
La mutación del delito: de las calles a las plataformas digitales
Edelito también se ha mudado a internet. Durante los primeros tres meses de 2025, la Policía Cibernética informó que arrestó a 148 personas por estafas, transferencias no autorizadas, clonación de tarjetas, engaños para robar contraseñas, extorsión y suplantación de identidad. Las autoridades dijeron que recuperaron más de RD$23.9 millones y US$13,780. Hoy, una red criminal puede atacar desde una computadora o un teléfono, sin necesidad de controlar una calle o un barrio.
Los datos de 2026 confirman que la presión digital aumentó. FortiGuard Labs, de Fortinet, reportó que la República Dominicana registró 337 millones de intentos de ciberataques durante el primer trimestre de 2026, frente a 535,5 millones durante todo 2025. La misma medición indicó que los escaneos activos para buscar vulnerabilidades pasaron de 177 millones en 2025 a 181 millones apenas en los primeros tres meses de 2026. La señal es clara: los atacantes primero estudian los sistemas, buscan fallas y luego intentan entrar por el punto más débil.
La respuesta policial también muestra un aumento de casos. En mayo de 2026, el DICAT informó que en lo que iba de año había sometido a la justicia a 260 personas por delitos tecnológicos, principalmente estafas financieras y sextorsión. El director del organismo citó como ejemplo un fraude bancario superior a RD$200 millones y advirtió que la ciberdelincuencia se ha convertido en una industria capaz de mover millones de pesos y miles de dólares.
Especialistas consultados en ciberseguridad financiera advierten que el delito digital corre a otra velocidad. Ya no basta con esperar la denuncia cuando el dinero desapareció. Hay que detectar señales temprano, analizar teléfonos y computadoras, coordinar con bancos y telefónicas, y congelar fondos antes de que el dinero robado se reparta, se retire o cruce la frontera en cuestión de minutos.
El Estado ha empezado a responder a esa presión. En enero de 2026, Indotel y la Policía Nacional firmaron un acuerdo para modernizar la Policía Cibernética con herramientas forenses avanzadas, orientadas a extraer y analizar evidencias digitales en dispositivos móviles. En junio de ese mismo año, la Policía inauguró un Centro de Ciberinteligencia Policial para recolectar y analizar información de fuentes abiertas, redes sociales, internet profunda y red oscura, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Oficina INL.
Trata de personas: el rostro humano del crimen transnacional
La trata de personas muestra el lado más cruel de esa economía criminal. No se trata solo de cargamentos, cuentas bancarias o expedientes: se trata de mujeres engañadas, trasladadas, endeudadas y controladas. Las redes explotan la vulnerabilidad migratoria, el miedo, la pobreza y la falta de protección efectiva para convertir a las víctimas en mercancía.
Los casos recientes muestran que la trata de personas opera como una industria transnacional con métodos repetidos: falsas ofertas laborales, traslado al país, retención de documentos, imposición de deudas y explotación sexual bajo amenazas. En julio de 2024, mediante la Operación Flor de Loto, el Ministerio Público rescató en Santiago a 45 mujeres (43 colombianas y dos venezolanas) en allanamientos ejecutados en residenciales del sector Gurabo.
Según el Ministerio Público, los imputados viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a las víctimas, costeaban procesos migratorios y vivienda, y luego utilizaban esas deudas como mecanismo de control. Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon más de 300 pruebas, entre materiales documentales y testimoniales, vinculadas a la estructura investigada.
En 2025, la Operación Begonias volvió a exponer el mismo patrón. El Ministerio Público informó del rescate de más de 40 mujeres en la provincia de Santo Domingo y el arresto de ocho personas, entre colombianos y dominicanos. La investigación señaló que las víctimas eran captadas en Colombia con promesas de empleo como camareras o bartenders, pero al llegar al país se les retenían documentos y se les exigían deudas de entre US$3,500 y US$4,000.
Otro expediente, la Operación Venus, permitió rescatar a ocho mujeres colombianas en Santo Domingo Oeste. El Ministerio Público documentó pagos de clientes de hasta RD$7,000 transferidos a cuentas de los imputados, lo que muestra cómo estas redes mezclan explotación humana, control migratorio, uso de plataformas digitales, manejo financiero y posible lavado de activos.
La trata también está cambiando de forma. En julio de 2026, el excanciller Roberto Álvarez advirtió que las víctimas ya no solo son explotadas sexual o laboralmente; algunas también son obligadas, bajo amenazas, a participar en estafas financieras, ciberdelincuencia y lavado de activos. Esa modalidad, conocida como criminalidad forzada, plantea un desafío adicional: el sistema debe identificar a las víctimas y evitar tratarlas como delincuentes cuando actuaron bajo coerción.
En este frente, la Dirección General de Migración tiene un papel clave porque suele estar en la primera línea de contacto con personas extranjeras que entran, salen o permanecen en el país en condiciones vulnerables. Su trabajo no debe limitarse al control migratorio: también implica detectar señales de trata, identificar posibles víctimas en aeropuertos, puestos fronterizos y operativos, y derivar los casos al Ministerio Público y a la Procuraduría Especializada.
En enero de 2026, la Procuraduría destacó el rol de la DGM en la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Una guía elaborada con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también subrayó la importancia de capacitar al personal aeroportuario y migratorio para reconocer indicios de explotación y activar rutas de protección.
La banca bajo presión: ciberseguridad como asunto de seguridad nacional
El sistema financiero es otro frente crítico. Un ataque digital contra un banco no solo afecta a una entidad: puede romper la confianza de miles de usuarios, facilitar el movimiento de dinero ilícito y abrir una puerta para fraudes transnacionales. Por eso la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico; hoy es parte de la seguridad nacional.
Entre los episodios más graves de 2026 figura una presunta red de fraude financiero y delitos tecnológicos vinculada a una entidad bancaria. La Policía Cibernética informó el 19 de mayo de 2026 que arrestó a Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, señalado como presunto líder de una estructura que habría aprovechado funciones internas en un banco para aprobar préstamos digitales irregulares, captar datos bancarios y reclutar personas para mover fondos fraudulentos. Según la Policía, las operaciones atribuidas a esa red habrían causado pérdidas aproximadas de RD$305 millones.
Días antes, las autoridades ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo contra una presunta red dedicada a fraudes electrónicos y financieros contra entidades bancarias nacionales e internacionales. Según los reportes policiales, la estructura operaba mediante usurpación de identidad, captación de “mulas” bancarias y transferencias ilícitas de fondos. Durante los operativos se ocuparon computadoras, celulares, tarjetas bancarias, documentos financieros, dinero en efectivo, relojes de lujo y una pistola sin documentación legal.
Entre los casos citados figura una red investigada por el Ministerio Público que, entre el 1 de junio de 2024 y el 14 de mayo de 2025, habría vulnerado la red digital y financiera de una entidad bancaria dominicana y sustraído RD$11,131,200. La investigación terminó con arrestos en septiembre de 2025 durante allanamientos en San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. Los imputados enfrentan cargos por delitos informáticos, asociación de malhechores y lavado de activos.
Otro caso relevante ocurrió en junio de 2025, cuando el Ministerio Público informó que desarticuló en Bonao una red dedicada al robo de identidad y al fraude bancario. Según la Procuraduría, la estructura accedía de forma ilegal a perfiles de clientes de una entidad financiera para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas controladas por los implicados. En el operativo participaron 40 fiscales y más de 200 agentes, se ejecutaron 34 allanamientos simultáneos y fueron arrestadas nueve personas.
Ese expediente muestra cómo el fraude bancario ya no depende solo de una tarjeta clonada o de una llamada engañosa. La Procuraduría explicó que los fondos eran movidos mediante transferencias ilícitas, retiros en cajeros automáticos y operaciones en ventanillas. El tribunal declaró el caso complejo y otorgó 12 meses para concluir la investigación. También impuso garantías económicas de hasta RD$3 millones a varios imputados mientras las autoridades continuaban reuniendo pruebas sobre el funcionamiento de la red.
Otro episodio ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando el Banco Popular Dominicano denunció la circulación de un video falso creado con inteligencia artificial generativa. El material suplantaba al presidente ejecutivo Christopher Paniagua para dirigir a los usuarios hacia una plataforma fraudulenta y motivarlos a realizar depósitos. El banco dijo que activó protocolos de contingencia, alertó a las autoridades e inició acciones para retirar el contenido.
Los bancos y sus supervisores también están compartiendo información con otros países para detectar ataques y reaccionar más rápido. En reuniones regionales se han discutido amenazas creadas con inteligencia artificial, fraudes por internet y fallas en los sistemas de pago. La idea es sencilla: si los delincuentes actúan sin respetar fronteras, las instituciones tampoco pueden defenderse de forma aislada.
Ese trabajo incluye entrenar al personal, compartir alertas y preparar equipos capaces de responder cuando ocurre un ataque. Con apoyo del Fondo Monetario Internacional y de un centro regional de asistencia técnica, los países buscan cerrar los espacios que utilizan las redes de fraude y lavado para mover dinero robado o de origen ilegal.
Seguir el dinero: la prueba real contra el crimen organizado
Analistas consultados lo explican sin rodeos: seguir el dinero es seguirle la respiración al crimen organizado. Las drogas se ocupan, las armas se sacan de circulación y los operadores pueden caer presos; pero si quedan vivas las cuentas, las empresas, los testaferros y los financistas, la red cambia de cara y vuelve a respirar.
El uso de empresas de fachada aparece de forma recurrente en los expedientes del Ministerio Público sobre lavado de activos. En la Operación Falcón, el órgano acusador afirmó que la red investigada habría utilizado negocios aparentemente legales, incluidos estaciones de combustible, empresas, inmuebles y vehículos de alta gama, para ocultar y mover ganancias provenientes del narcotráfico.
La Procuraduría también informó que pidió el decomiso de 200 inmuebles y que, en intervenciones anteriores, había ocupado más de 40 propiedades vinculadas a la estructura, entre edificios, locales comerciales, casas, apartamentos, naves y terrenos.
Desde el sector financiero oficial, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo ha defendido que la República Dominicana mantiene una política de integridad financiera, cooperación internacional y adecuación a estándares globales. En esa misma línea, autoridades económicas han afirmado que combatir el lavado de activos es una prioridad nacional por su impacto transnacional y por su vínculo directo con el crimen organizado.
La Ley 340-22 de Extinción de Dominio permite que el Estado reclame bienes obtenidos de manera ilegal o utilizados en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, trata de personas y contrabando. También puede alcanzar propiedades y cuentas ubicadas en otros países, siempre que exista cooperación entre autoridades. En términos generales, busca quitarles a las redes criminales aquello que más necesitan para seguir funcionando: su dinero y sus bienes.
Golpes importantes, estructuras persistentes
Los casos judiciales recientes muestran un cambio de método: las investigaciones ya no buscan solo arrestar individuos, sino reconstruir estructuras. La Operación Discovery 2.0 terminó con condenas contra 17 personas y dos empresas por estafas, robo de identidad y lavado de dinero contra adultos mayores en Estados Unidos. El punto débil sigue siendo el mismo: una condena individual tiene poco efecto si quedan activos los financistas, las cuentas, las empresas de fachada y los administradores del dinero.
La Operación Discovery confirmó esa tendencia. Según el Ministerio Público, la investigación duró más de dos años y permitió identificar una estructura que usaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero contra personas de edad avanzada en Estados Unidos. La operación incluyó 34 allanamientos en República Dominicana, con 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional, además de allanamientos simultáneos del FBI en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
En materia de drogas, la Operación Leopardo muestra el tipo de expediente que las autoridades necesitan construir con más frecuencia. El 1 de septiembre de 2026, el Ministerio Público presentó acusación contra una red transnacional vinculada a casi 1,7 toneladas de cocaína y a movimientos financieros superiores a RD$258,8 millones y US$1,6 millones.
La investigación señaló rutas desde Colombia hacia República Dominicana y Puerto Rico, y pidió el decomiso de bienes, embarcaciones, vehículos, armas y otros activos. Ese enfoque apunta al corazón del desafío: no basta con ocupar la droga, también hay que probar el circuito financiero y logístico que la sostiene.
La justicia también ha logrado resultados contra fraudes que golpean directamente a la población vulnerable. El 19 de marzo de 2026, la Procuraduría informó que dos hombres fueron condenados a siete años de prisión por clonar más de 5.000 tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales.
Según la acusación, los procesados clonaron 5,136 tarjetas y cometieron estafa mediante medios electrónicos; además, fueron condenados a pagar una indemnización de RD$10 millones al Estado. Durante el allanamiento se ocuparon verifones, cédulas, una laptop, una impresora de tarjetas, teléfonos móviles, un vehículo y una motocicleta.
En el frente digital, la Policía Cibernética reportó que durante el primer trimestre de 2025 apresó a 148 personas por delitos tecnológicos. Las estafas concentraron 82 detenidos y permitieron recuperar RD$9,008,607.23 y US$3,000; las transferencias electrónicas no autorizadas dejaron 27 arrestos y RD$9,857,600 más US$8,828 recuperados.
La clonación de tarjetas produjo 10 detenidos y RD$1,224,802 recuperados. Estas cifras confirman que la criminalidad organizada se ha expandido hacia modalidades híbridas: llamadas fraudulentas, robo de identidad, phishing, clonación de tarjetas, lavado de activos y uso de estructuras empresariales o tecnológicas para ocultar beneficios ilícitos.
La zona gris: corrupción, complicidad y captura institucional
Especialistas llaman “zona gris” al terreno donde el crimen deja de hacer ruido y empieza a vestirse de normalidad. No siempre aparece con armas largas o lanchas rápidas; a veces llega como una empresa con papeles en regla, una campaña con dinero fresco, un permiso facilitado, una investigación filtrada, una llamada de protección o una autoridad que mira hacia otro lado.
Para analistas y expertos, el país no puede cantar victoria solo por toneladas ocupadas, arrestos anunciados o fotografías de operativos. Esos datos pesan, pero no cuentan toda la película. La evaluación de fondo debe medir cuántas redes financieras fueron desmontadas, cuántos bienes volvieron al Estado, cuántos funcionarios fueron sancionados, cuántas víctimas recibieron protección y cuántas estructuras quedaron realmente fuera de juego.
Desde la sociedad civil, Participación Ciudadana ha advertido que los avances no bastan si el narcotráfico logra penetrar la economía, los partidos políticos y las instituciones públicas. En su balance de 2025, la entidad reconoció logros en la persecución del crimen organizado, pero reclamó medidas efectivas de prevención, controles sobre el financiamiento privado, transparencia y fortalecimiento real del Estado de derecho para preservar la institucionalidad democrática.
Otro desafío sensible es la presunta penetración del crimen transnacional en estructuras políticas, militares y policiales. Casos recientes han colocado bajo escrutinio a legisladores, regidores, exfuncionarios y oficiales señalados o procesados por narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y corrupción. Entre los expedientes más citados figura el del exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por conspirar para traficar más de cinco toneladas de cocaína. También existen investigaciones locales que han vinculado a figuras públicas con redes de financiamiento político irregular, lavado de dinero y apoyo logístico a organizaciones criminales.
La preocupación también alcanza a los cuerpos de seguridad. En 2026, varias investigaciones señalaron a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acusados de utilizar su rango, acceso a información o funciones operativas para facilitar el narcotráfico, proteger cargamentos, mover dinero o participar en esquemas de lavado.
Casos como el del exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a 30 años de prisión por dirigir una red internacional de narcotráfico, muestran hasta dónde puede llegar la infiltración. También refuerzan una conclusión incómoda: no basta con comprar tecnología o recibir ayuda extranjera. El país necesita revisar el patrimonio de sus funcionarios, investigar posibles conflictos de interés y castigar con firmeza a quienes utilicen un cargo público para proteger negocios criminales.
Decomisar no basta
La República Dominicana ha mejorado su capacidad para decomisar drogas, coordinar extradiciones, perseguir fraudes digitales y ejecutar operaciones complejas. Pero el salto pendiente es más difícil. El país debe convertir los operativos en investigaciones patrimoniales, condenas firmes, recuperación de bienes, protección de víctimas y sanciones contra los cómplices internos. Solo así dejará de administrar crisis y empezará a desmontar las redes que sostienen el crimen organizado.
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