El Gobierno dominicano emitió el decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental, una figura con la que busca enfrentar de manera más drástica las agresiones deliberadas contra parques nacionales, áreas protegidas y recursos naturales críticos.
La medida eleva la protección ambiental a un asunto de seguridad nacional e incorpora al Comité Nacional Antiterrorista en la prevención, detección e investigación de actos graves contra ecosistemas estratégicos del país.
Durante la presentación de la normativa, el presidente Luis Abinader catalogó como actos de terrorismo medioambiental aquellas acciones dirigidas a la desaparición o daño sistemático de los parques nacionales, y advirtió que habrá persecución firme contra dominicanos y extranjeros que incurran en esos ilícitos.
Junto al mandatario estuvieron los ministros Andrés Bautista, Administrativo de la Presidencia; Paíno Henríquez, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas.
Qué significa el decreto
El decreto no plantea tratar cualquier falta ambiental como terrorismo. El enfoque está dirigido a hechos graves, deliberados y sistemáticos que afecten recursos naturales estratégicos, como parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales, nacimientos de ríos y otras zonas esenciales para el agua, la biodiversidad y la seguridad ambiental del país.
En términos prácticos, el Gobierno busca que acciones como incendios forestales provocados, destrucción de áreas protegidas, ocupaciones ilegales, desmontes sistemáticos o daños a infraestructura hídrica y energética sean perseguidas con mayor coordinación institucional.
La decisión también implica que la respuesta estatal no recaiga únicamente sobre el Ministerio de Medio Ambiente, sino que integre a organismos de defensa, inteligencia, seguridad, migración y persecución penal.
Las medidas que contempla
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una política nacional orientada a prevenir y combatir el terrorismo medioambiental.
Esa política deberá enfocarse en neutralizar incendios forestales provocados, amenazas contra áreas protegidas y daños a infraestructuras hídricas y energéticas.
La disposición también ordena que cualquier agresión al patrimonio ambiental sea remitida de inmediato al Ministerio Público, para asegurar la acción penal correspondiente.
Otro punto clave es la participación ciudadana. El decreto establece la creación de plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial, con el objetivo de proteger a las personas que colaboren de buena fe con informaciones sobre daños ambientales o amenazas contra recursos naturales.
A quiénes puede afectar
La medida alcanzaría a personas o grupos que provoquen incendios, destruyan zonas protegidas, ocupen terrenos en parques nacionales, afecten cuencas o participen en actividades ilícitas contra recursos naturales estratégicos.
Pero el Gobierno también advierte que la persecución no se limitará a los autores materiales. Según lo anunciado, también serán perseguidos los determinadores, patrocinadores o personas que contraten a terceros para ejecutar estas acciones.
Abinader señaló que se han dado instrucciones a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los cuerpos de inteligencia para actuar contra quienes participen directa o indirectamente en estos hechos.
Qué puede mejorar
El principal cambio que introduce el decreto es la coordinación. Al incorporar al Comité Nacional Antiterrorista y articular a varias instituciones, el Gobierno procura una respuesta más rápida frente a daños ambientales graves.
La medida podría fortalecer la vigilancia en parques nacionales y zonas vulnerables, acelerar la investigación de incendios provocados y desmontes ilegales, así como facilitar la identificación de redes que se beneficien de la destrucción de recursos naturales.
También busca proteger recursos esenciales para la vida cotidiana, especialmente el agua. El propio Gobierno ha advertido que los daños a parques nacionales y zonas boscosas no solo afectan la flora y la fauna, sino que también comprometen el suministro de agua y la seguridad alimentaria.
Sanciones y persecución penal
El Gobierno sostiene que los marcos legales anteriores permitían que muchos infractores quedaran en libertad poco tiempo después de ser detenidos. Con el nuevo enfoque, las autoridades advierten que las conductas que afecten parques nacionales y recursos naturales críticos enfrentarán sanciones drásticas.
Según lo anunciado durante la presentación del decreto, el Código Penal contempla sanciones de 20 y 30 años de prisión para conductas vinculadas a este tipo de hechos.
El reto estará en que la aplicación del decreto se haga con criterios claros, de forma que las autoridades distingan entre infracciones ambientales ordinarias y actos graves que realmente encajen dentro de la categoría de terrorismo medioambiental.
Su efectividad dependerá de que la coordinación institucional se traduzca en investigaciones sólidas, persecución penal oportuna, protección real de las áreas vulnerables y sanciones contra quienes destruyan o financien la destrucción de los recursos naturales.
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