Durante la audiencia preliminar del caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), celebrada ante la jueza Yanibet Rivas, la defensa de la empresa Dekolor S.R.L. rechazó las acusaciones del Ministerio Público y sostuvo que el contrato investigado se ajusta plenamente a la legalidad vigente.
El abogado de la compañía argumentó que los recursos del proyecto estaban contemplados en la Ley General de Presupuesto, específicamente en el capítulo 51, por lo que —afirmó— no puede hablarse de lavado de activos ni de sobrevaluación si los montos ejecutados no superan lo aprobado por el Congreso.
Asimismo, indicó que el contrato responde a un proceso de licitación pública conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, definiéndolo como un “contrato marco” que permite ajustes administrativos sin necesidad de nuevas licitaciones.
La defensa también cuestionó al Ministerio Público por pretender exigir otro proceso de licitación pese a que el contrato ya está en ejecución y cuenta con condiciones que permiten modificaciones.
Según la acusación, Dekolor S.R.L. —empresa dedicada a soluciones de identidad, biometría y licencias de conducir— ha mantenido contratos con distintas instituciones del Estado desde 2004, incluyendo el Intrant, Obras Públicas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El contrato investigado, firmado en enero de 2020 por cinco años, incluía la gestión de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica del sistema de licencias de conducir.
Entre los imputados figuran Hugo Beras, Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez, Sergio Alcántara, José Pérez Encarnación, Edwin Mejía y Francisco Antonio Mejía, señalados por el Ministerio Público de presuntas maniobras para favorecer empresas vinculadas al proceso.
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