La orden de realizar un nuevo peritaje técnico en el caso Jet Set generó reacciones encontradas entre representantes legales de las víctimas, quienes valoran de manera distinta el alcance de la decisión adoptada por el tribunal.
La abogada Ingrid Hidalgo, representante de Massiel Javier, esposa del fallecido exbeisbolista Octavio Dotel, afirmó que la medida no constituye una sorpresa, ya que la solicitud había sido previamente presentada por la defensa y notificada a todas las partes.
Explicó que el tribunal permitió responder por escrito, postura asumida por su equipo al solicitar el rechazo del pedimento. Sin embargo, el juez decidió ordenar el peritaje de manera administrativa, lo que dará paso a la coexistencia de dos evaluaciones técnicas dentro del proceso.
Hidalgo subrayó que esta disposición no invalida el peritaje presentado por el Ministerio Público, y sostuvo que será en un eventual juicio de fondo donde se determinará cuál de las pruebas tiene mayor peso probatorio.
“Existirán dos peritajes que podrían contradecirse, pero eso no impide que se establezca la causa del derrumbe”, expresó, al tiempo de insistir en que las evidencias existentes son contundentes y que el caso será conocido en juicio conforme a lo que establece la ley.
La jurista también enfatizó el impacto humano del colapso, señalando que más de 234 familias resultaron afectadas por la tragedia, lo que calificó como una de las peores experiencias vividas en el país.
Asimismo, aseguró que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales y resarcir a las víctimas.
Por su parte, el abogado Ángel Lockward, quien representa a otro grupo de afectados, indicó que aún no ha tenido acceso al contenido del contraperitaje, ya que este estaba siendo entregado en el momento de sus declaraciones.
En ese sentido, consideró necesario que la audiencia sea recesada para permitir a las partes estudiar el documento antes de continuar con el proceso.
Lockward destacó que el contraperitaje reviste especial interés para su equipo, debido a que han interpuesto una demanda patrimonial contra el Estado y el ayuntamiento en la jurisdicción contenciosa administrativa, alegando responsabilidad por la falta de garantías de seguridad en la edificación.
El jurista advirtió que, aunque los contraperitajes suelen cuestionar evaluaciones previas y pueden generar percepciones de parcialidad, cuando son ordenados por el tribunal deben cumplir con criterios técnicos y de objetividad.
“No conozco el contenido del peritaje en este momento. Sería irresponsable emitir una opinión sin haberlo evaluado”.Ángel Lockward.
Ambos abogados coincidieron en que la orden del tribunal no paraliza el conocimiento de la audiencia preliminar, aunque su desarrollo podría verse condicionado por la necesidad de analizar las nuevas pruebas incorporadas al expediente.
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