Los jueces de un tribunal colegiado del distrito judicial de La Vega condenaron a 15 años de prisión a tres personas por tráfico de drogas, a quienes les fueron ocupados más de cien kilogramos de cocaína y varias armas de fuego.

Basilio Saturria Mosquea (Rudy), de 44 años de edad, Danckeline De La Cruz (Barba), de 28 años, y José Luis Santana Vargas, de 38 años, deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y además pagar una multa de medio millón de pesos en favor del Estado dominicano.

La sentencia además ordena el decomiso de todos los bienes incautados en el proceso de investigación por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega.

El expediente, instrumentado por la titular de la Fiscalía de La Vega,  procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, señala que  el 22 de julio de 2023, tras una extensa investigación, que incluyó labores de inteligencia y vigilancia, realizada conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), se obtuvieron datos certeros acerca de una organización de alto nivel dedicada al narcotráfico nacional e internacional, identificándose como integrante de dicha red a los tres procesados.

Detalla que la organización se encargaba de realizar envíos de cargamentos de sustancias narcóticas desde República Dominicana hacia Estados Unidos y al continente europeo, utilizando para ello, como punto de salida, diferentes puertos y aeropuertos del país.

Durante las pesquisas el Ministerio Público ejecutó órdenes de allanamientos en una casa ubicada en el sector Guaco, La Vega, desde donde operaba la organización criminal, así como en una finca en Bonao, provincia Monseñor Nouel, que usaba como lugar secundario.

Las sustancias ocupadas a De la Cruz, luego de ser analizadas por la Subdirección General de Química Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Regional Norte, se estableció en el informe pericial No. SC2-2023-07-13-007027, que correspondían a 372 láminas de cocaína clorhidratada, con un peso exacto de 97.38 kilogramos y otras seis porciones de la misma droga con un peso de 32.43 gramos.

Sobre las sustancias ocupadas a los procesados Saturria Mosquea y Santana Vargas, el informe pericial No. SC2-2023-07-28-007026, indica que correspondían a 20 láminas de cocaína clorhidratada, con un peso exacto de 5.30 kilogramos, así como otra porción de la misma droga con un peso de 336.88 gramos.

También, fueron analizados más de 490 kilogramos de un polvo blanco donde no se detectaron sustancias controladas.

En los allanamientos, además, fueron confiscadas tres fusiles y cinco cargadores y municiones, una pistola marca Glock, sin numeración visible, así como diferentes objetos utilizados en la actividad criminal. También, varios teléfonos celulares marca IPhone y otros teléfonos inteligentes, así como un reloj marca Apple. También, se ocupó un bulto con RD$ 10,500.00 y US$ 100.00, así como también una cadena de oro y una motocicleta.

En el transcurso de las pesquisas se estableció que Danckeline de la Cruz compró en efectivo ambos inmuebles por la suma de RD$ 5,500,000.00, sin que mediara una transferencia o depósito en el sistema de intermediación financiera.                                                                               

En la litigación el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Yamilka de la Cruz, Luis Alberto García y Pelagio Alcántara, quienes presentaron acusación por violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los jueces Martín De La Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, dictaron la sentencia condenatoria al determinar que los procesados incurrieron en tráfico de sustancias narcóticas y porte ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado dominicano.

Veinte años de prisión para hombre que mató a otro durante conflicto de tránsito en San Cristóbal

Un tribunal dictó 20 años de prisión en contra de un hombre que mató a otro con un arma de fuego ilegal en medio de un conflicto de tránsito ocurrido en el municipio de Haina, en la provincia San Cristóbal, en el año 2024.

Yoharkis Encarnación Mateo fue condenado por provocar la muerte al señor Olivares Félix Cabral, quien falleció dos días después de la agresión en un centro de salud del Distrito Nacional.

Al momento en que ocurrió el caso, el 18 de agosto del año 2024, alrededor de las 11:30 de la noche, la víctima se desplazaba a bordo de un camión por la calle Proyecto del sector El Nieto, de Quita Sueño de Haina, San Cristóbal.

Félix Cabral le tocó bocina a Encarnación Mateo para que moviera su vehículo que estaba estacionado en dicho lugar y le impedía continuar transitando, siendo en esas circunstancias que el ahora victimario se dirigió a su vehículo y sacó el arma de fuego con la que le disparó en el hemitórax izquierdo, provocándole la muerte.

Para cometer el crimen el procesado utilizó una pistola calibre 9mm, marca Daewoo, que portaba sin ningún tipo de documentación.

Encarnación Mateo fue apresado en flagrante delito, mientras que Félix Cabral fue trasladado inmediatamente a un hospital de los Bajos de Haina y luego al centro médico de la capital donde se produjo su deceso en fecha 20 de agosto de 2024.

Los hechos fueron investigados por la fiscal Patricia Danilda Durán Valerio, quien otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público estuvo representado en la litigación por el fiscal Fernelis Rodríguez y el fiscalizador pasante Jairo Medrano, quienes aportaron pruebas que demostraron la responsabilidad penal del encartado.

Encarnación Mateo deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, por disposición de los jueces Biulkys Milanés Balbuena, Kenty Nuesi y Ana Inés Susana, del Tribunal Colegiado de San Cristóbal.

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