Una auditoría interna de enfoque general practicada al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) expuso irregularidades administrativas, financieras y operativas en la institución responsable de diseñar y ejecutar políticas públicas para la protección de los adultos mayores.
El informe, fechado el 24 de marzo de 2026 , abarcó el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024. Su propósito fue comprobar si las operaciones del Conape se realizaron conforme a las leyes vigentes y si sus políticas internas ofrecían una seguridad razonable sobre el funcionamiento del control institucional.
Durante el período auditado, la dirección ejecutiva del Conape estuvo encabezada principalmente por el doctor José García Ramírez, designado en septiembre de 2020. Su gestión concluyó en septiembre de 2025, cuando entregó el cargo al doctor Demetrio Antonio Vicente Ureña, actual director ejecutivo. Aunque Vicente Ureña no administró el período examinado, figura en el expediente por haber remitido a la Contraloría, en marzo de 2026, la matriz del plan de acción institucional frente a los hallazgos.
La lectura del documento deja un contraste relevante: aunque el sistema de control interno obtuvo una calificación global de 89.44%, considerada satisfactoria por los auditores, la propia evaluación advierte que el 10.56% de los requerimientos seguía pendiente de implementación y que el componente de monitoreo y evaluación apenas alcanzó 76.92%, nivel calificado como mediano.
Pagos sin soportes y riesgos de control
El hallazgo más sensible aparece en la gestión financiera. La auditoría identificó 20 libramientos por RD$161,191,607.47 y 15 cheques por RD$1,047,547.47, para un total de RD$162,239,154.94 en pagos con ausencia de soportes. Entre los documentos faltantes figuran registros vinculados al Registro de Proveedores del Estado y certificaciones de la DGII o la TSS.
En una institución cuya misión es garantizar derechos fundamentales de personas mayores, esos vacíos documentales no son simples fallas de archivo. La Contraloría los asocia con riesgos de pagos ejecutados sin cumplir requisitos, debilidades en el ambiente de control y posibles afectaciones a la legalidad, procedencia y justificación de los desembolsos públicos.
Presupuesto sin ejecutar y cifras que no cuadran
El informe señala que entre 2020 y 2024 el Conape recibió una asignación presupuestaria vigente de RD$5,578,625,283.03 y devengó RD$5,375,070,542.54. En ese período dejó sin ejecutar RD$203,130,776.03, monto que, según el documento, no representa una transferencia líquida a la Cuenta Única del Tesoro, sino disponibilidad presupuestaria no utilizada.
La mayor subejecución ocurrió en 2020, cuando quedaron sin ejecutar RD$146,867,912. En los años siguientes los saldos fueron menores, aunque persistentes: RD$24,972,848 en 2021, RD$11,860,583 en 2022, RD$9,809,503 en 2023 y RD$9,619,930 en 2024.
A esas diferencias se suma otra inconsistencia presupuestaria. Los datos suministrados por la Dirección Administrativa y Financiera reflejaban un presupuesto vigente acumulado de RD$5,578,625,283.03, mientras que el portal de transparencia institucional registraba RD$ 5,151,454,292.00. La diferencia consignada por la auditoría asciende a RD$27,170,991.03, aunque el desglose anual del propio cuadro muestra variaciones significativas entre varios períodos.
En 2024, los auditores también identificaron una brecha de RD$220,776,434.81 entre la ejecución presupuestaria y el Plan Operativo Anual, así como una diferencia de RD$1,442,564,860.29 respecto del Plan Anual de Compras y Contrataciones. Para la Contraloría, esas incongruencias evidencian una falta de armonía entre la planificación, las compras y la ejecución del gasto.
Familias de "Cariño bajo observación"
Otro punto crítico se concentra en el programa Familias de Cariño, dirigido a cuidadores de envejecientes. Durante 2024, esa iniciativa manejó RD$54,395,000. La auditoría revisó una muestra correspondiente a enero, junio y diciembre por RD$16,545,000 y encontró expedientes físicos incompletos, ausencia de requisitos mínimos, falta de informes médicos, contratos no observados y documentación esencial pendiente.
El informe también identificó envejecientes y cuidadores vinculados a nóminas públicas. En el caso de los envejecientes, aparecen tres personas con salarios en instituciones estatales por un total de RD$295,099.45. Entre los cuidadores, la auditoría registró 12 casos con sueldos públicos que suman RD$784,550.32 y pagos recibidos del programa por RD$185,000. En conjunto, los sueldos en nóminas públicas citados alcanzan RD$1,079,649.77.
Los auditores no se limitaron a describir expedientes incompletos. También advirtieron riesgos de inclusión indebida, exclusión de la población objetivo, duplicidad de apoyos, fraude y desvío de fondos cuando no existen controles robustos ni cruces periódicos con otras bases de datos gubernamentales.
Bienes públicos difíciles de rastrear
La auditoría examinó, además, los bienes de la institución. Al cierre de diciembre de 2024, los activos registrados tenían un costo de adquisición de RD$219,681,084.18, una depreciación acumulada de RD$96,358,248.29 y un valor en libros de RD$126,022,835.89. Sin embargo, la entidad no contaba con un reporte de inventario de consumo y activos fijos realizado a la llegada de la gestión de 2020.
En materia de activos fijos, el informe encontró que, de una muestra de 325 mobiliarios y equipos de oficina tomada de un universo de 2,951 activos, 302 no tenían codificación interna y el 100% carecía de codificación de la Dirección General de Bienes Nacionales. En otra muestra de 168 bienes, todos estaban ubicados físicamente en lugares distintos a los registrados en el auxiliar.
El control vehicular tampoco salió bien evaluado. El Conape contaba con 42 vehículos, pero 15 no estaban rotulados, incluyendo camionetas, un automóvil, un camión, un autobús y una motocicleta. Para los auditores, la falta de rotulación compromete la identificación, localización y control de bienes públicos.
El informe agrega que la edificación ocupada por la entidad no cuenta con título de propiedad, una situación que, de acuerdo con la auditoría, puede comprometer la titularidad legal del inmueble y generar dificultades de registro, control patrimonial y cumplimiento fiscal.
Expedientes laborales incompletos y combustible observado
En recursos humanos, la institución reportaba 1,345 empleados al 31 de diciembre de 2024 y pagos acumulados de nómina por RD$1,655,823,104.89 durante el período auditado. Al revisar una muestra de 114 expedientes, los auditores encontraron faltas documentales relevantes: 111 no tenían contrato de trabajo o nombramiento, 103 carecían de formulario de ingreso, 101 no incluían carta de no objeción del MAP, 72 no tenían certificado médico y 58 no presentaban resultados de pruebas psicométricas.
También se detectaron siete casos de asignación de combustible por encima del límite del 10% establecido por la Ley 105-13 y una persona que recibió combustible sin aparecer registrada como empleado de la entidad. En total, las asignaciones observadas sumaban RD$38,000, cuando según el recálculo correspondían a RD$19,119.05, para una diferencia de RD$18,880.95.
Compras, convenios y respuesta institucional
En compras y contrataciones, el informe consigna que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024 el Conape realizó 370 procesos por un monto contratado de RD$790,031,022.00. También formalizó nueve convenios de gestión con asociaciones sin fines de lucro por RD$178,957,061.38 para programas dirigidos a la población adulta mayor.
La respuesta institucional figura en una comunicación del propio Conape. Mediante el oficio 0113-2026, fechado el 10 de marzo de 2026, el entonces director ejecutivo, Demetrio Antonio Vicente Ureña, remitió a la Contraloría una matriz de plan de acción y una memoria documental con evidencias de medidas implementadas o en proceso de ejecución.
En esa comunicación, la entidad sostuvo que las acciones correctivas fueron definidas por las áreas responsables para atender las observaciones, fortalecer los mecanismos de control interno y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. El plan incluye elaboración y actualización de manuales, revisión de políticas financieras y administrativas, levantamientos de activos, regularización de bienes, control de combustible, actualización de expedientes y cruces de información en programas sociales.
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