Cateterismos sin necesidad: otra de las tramas del fraude en Senasa

La procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, mostró ampliamente su indignación al confirmar que tienen evidencias de que para el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) los implicados recurrieron a realizar hasta cinco procedimientos de cateterismos a una persona que no lo necesitaba, comprometiendo la vida y la salud para “inflar los cobros”.

Durante 45 minutos y 12 segundos, ante ejecutivos y reporteros de medios de comunicación del país, Reynoso precisó que la Procuraduría tiene las evidencias documentadas de varios procedimientos médicos sobreexpuestos, tanto de cateterismos, radioterapias, diálisis y biopsia, pues “el Ministerio Público prueba, no especula… Y solo imputamos lo que podemos probar”.

“Ha sido muy indignante comprobar que a una persona (nos reservamos el nombre en estos momentos), pero a una sola persona, le pusieron más de cinco procesos de cateterismo sin necesitarlo, solo para cobrar los recursos… (Voz entrecortada) Esto es para nosotros absolutamente criminal; igual, se indicaron varias sesiones de radioterapias sin necesitarlas, también solo para cobrar, porque antes se decía cuánto tenía esa persona en fondos —a través de un código— y después se le exigía los procesos… Es absolutamente criminal, pues pone en riesgo la vida de personas”, destacó Reynoso.

La procuradora Reynoso señaló que amplían las investigaciones para saber si alguien, al ser sobreexpuesto de manera innecesaria, pudo haberle costado la vida.

Señaló que para sistematizar el expediente de más de 537 páginas, la también llamada operación Cobra ha necesitado del trabajo de más de 100 personas del Ministerio Público que han encontrado la punta del iceberg, ya que la magnitud del caso es solo comparable con “las quiebras bancarias pasadas (Baninter)”, ocurrida durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

“El caso Senasa debe servirle a la sociedad dominicana, a todos los sectores, para una reflexión, quizás un poco parecida a la que en su momento se hizo con el sistema económico a raíz de algunos casos de desfalco y quiebra del sistema bancario. El sistema de salud necesita que la sociedad exija para que haya una transformación y que nunca más vuelva a existir un caso como el de Operación Cobra”.

En este sentido, Reynoso precisó que, aunque se ha precisado un monto global de fraude al sistema de salud del Estado dominicano de 15 mil millones de pesos, esta cifra puede aumentar, así como la cantidad de implicados, por lo que no se descarta “un Senasa 2.0”, ya que son revisados con sigilo estados financieros adulterados y hacia cuáles centros de salud se dirigían. “Es una investigación abierta”, destacó la procuradora.

“Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de siete millones de dominicanos y dominicanas deben tener su salud asegurada, tiene que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad. Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y seguirá trabajando, no solo para que tengamos sanciones penales, ejemplificadoras, sino también para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”.

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República

La voz de Yeni Berenice Reynoso se notó más álgida al responder sobre “el debido proceso” que se está solicitando ante el desfalco al Seguro Nacional de Salud. Entonces dijo: “El debido proceso es una garantía de todas las partes, principalmente para la ciudadanía”, haciendo hincapié en los usuarios de los servicios de salud.

Sobre el reformulado Código Procesal Penal

Destacó que más del 98 % de los comentarios a la “reforma flash” del Código Procesal Penal no se corresponden, por lo que “invitó a la comunidad jurídica a que lean el documento”; defendió el nuevo legajo como el “más garantista de toda Iberoamérica” y “no es cierto que tenga retrocesos”. De hecho, la operación Cobra es el primer caso que lleva la Procuraduría General de la República con el recién reformado Código Procesal Penal.

“Lo que pasa es que sectores vinculados a la criminalidad y a otros intereses querían hacer una contrarreforma en la que menos que se atrevieron a proponer fue que en los casos a instancias privadas se le exigiera a las víctimas que tuviesen un abogado para hacer una demanda. Imagínense que a alguien que le roben un celular o un motor, no pueda ir a un destacamento o a una fiscalía por una denuncia que tenía que ser un abogado, y como garantes del estado de derecho, nos opusimos”.

Con seguridad y en voz alta indicó: “Ahora es fácil hacer un análisis, una ponderación, pues todos los códigos están en línea, y es fácil, accesible, compararlo”, haciendo alusión a las herramientas de datos abiertos y de inteligencia artificial que están a la disposición de juristas.

Destacó que, ante las olas opinativas de que se trata de un código inquisidor, para reforzar al Ministerio Público, se trata de un documento que no le otorga al Ministerio Público “una sola facultad adicional a la que tenía desde 2004 (…) Yo reto a cualquiera que me diga qué facultad tiene ahora el Ministerio Público que no tenía antes”, refiriéndose a que los regímenes de los allanamientos, arrestos, secuestros, entre otros, siguen siendo los mismos.

Reveló que las propuestas a las que se opuso el Ministerio Público, con datos y jurisprudencia, fueron que los peritajes se tuvieran que hacer todos con orden de un juez o jueza, pues dificultará las más de 60 mil denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual al año que necesitan más de tres peritajes que se deben realizar ante estos casos. “Imagínense que debamos dilatar más el proceso a una víctima”.

La reforma, en términos generales, de acuerdo a la procuradora, solo tocó sus 28 principios; solo se tocó para reforzar las garantías. A la defensa se le dio más plazos, se estableció una guía de sentencia, se estableció un nuevo catálogo de derechos de las víctimas y se reforzó el tema de persecución organizada, elevando esta reforma sobre las anteriores.

“El plazo numérico no existe, todos los sistemas tienen el plazo razonable, y esto no es nuevo, lo estableció el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional”.