El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes 18 de mayo, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra varios imputados acusados de integrar una presunta red criminal que habría estafado a una entidad financiera con más de RD$ 200 millones.
El aplazamiento fue solicitado por las defensas técnicas con el objetivo de estudiar la glosa procesal y preparar sus medios de defensa.
El abogado Benito Medina, representante legal de Julio Antonio García Faña, explicó que la parte querellante depositará una acusación formal y que necesitan revisar el expediente durante el fin de semana.
“La parte acusadora en este caso va a depositar una querella y vamos entonces a estudiarla durante el fin de semana. El magistrado dio hasta el lunes para nosotros tener conocimiento del expediente y así celebrar la audiencia de medida”, expresó Medina.
El jurista indicó además que fue apoderado recientemente del caso, por lo que aún desconoce detalles completos del proceso.
Por su parte, Lewina Tavárez Gil, representante de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que el órgano persecutor presentó solicitud de medida de coerción contra seis ciudadanos por presunta violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa.
Tavárez Gil explicó que, además de los seis primeros imputados, otras tres personas han sido vinculadas al caso en las últimas horas, entre ellas un hombre que se entregó voluntariamente.
La representante del Ministerio Público señaló que solicitan 12 meses de prisión preventiva debido a la gravedad y complejidad de los hechos investigados, así como que el caso sea declarado de tramitación compleja.
Según las investigaciones, los imputados formaban parte de una estructura criminal dedicada a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y perjudicar a una entidad financiera.
Durante los allanamientos realizados en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este y Norte, las autoridades incautaron vehículos de alta gama, relojes de lujo, dinero en efectivo, computadoras, teléfonos móviles y un arma de fuego sin documentación legal.
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