Al menos 800 personas han perdido la vida a manos de la Policía Nacional en los últimos cinco años

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) manifestó que las cifras de muertos en supuestos intercambios de disparos revelan una realidad dolorosa: en los últimos cinco años, casi 800 personas han perdido la vida a manos de la Policía o de fuerzas de seguridad del Estado en República Dominicana, donde el discurso oficial sostiene que la Policía Nacional protege la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.

Mediante un comunicado, Defensa Pública destacó que de acuerdo con los anuarios de muertes accidentales y violentas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la cantidad de personas fallecidas por “acción policial o militar” muestra una tendencia ascendente desde 2021.

En 2021 se registraron 77 muertes; 139 en 2022, 178 en 2023, 227 en 2024 y en el periodo enero-septiembre 2025, 170 muertes, siendo 18 % más en comparación con en el mismo período del año anterior.

La institución subrayó que según el desglose de la ONE, en su anuario 2022, las provincias más golpeadas por estas acciones son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Espaillat y Duarte, es decir, los principales polos urbanos concentran la mayor cantidad de ejecuciones, allí donde más visible debería ser el respeto a la legalidad.

En ese orden, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos indicó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales, especialmente el cumplimiento del artículo 37, que reconoce la inviolabilidad de la vida y el artículo 69 que asegura el debido proceso y el derecho a la defensa.

“Estos derechos se refuerzan en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 6 y 14)”, enfatizó.

Explicó que cuando agentes del orden matan a un ciudadano y lo justifican como un “intercambio de disparos” sin una investigación imparcial, no solo se viola la presunción de inocencia, sino que el Estado incurre en responsabilidad internacional.

La impunidad equivale a otorgar licencia para matar.

Valentín Santos reconoció que dentro de la Policía Nacional existen hombres y mujeres que trabajan con honor, entrega e integridad, pero que también es cierto que las llamadas ‘manzanas podridas’ no son simples excepciones, sino que reflejan un problema estructural de formación, valores y control interno.

Sostuvo que el asesinato de cinco jóvenes en Santiago estremeció a la opinión pública, en septiembre de 2025.

"La presión social provocó una reacción inmediata: suspensión de los agentes involucrados y apertura de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República". Sin embargo advirtió que la pregunta persiste: "¿Cuántos otros casos no llegan a los titulares, ni a los tribunales?”.

El director de la Defensa Pública enfatizó que la visión concreta debe ser hacia una política pública de dignidad y que las autoridades no deben limitarse a apagar incendios cada vez que un caso se viraliza.

En ese orden, manifestó que urge una política integral que investigue de forma independiente cada muerte atribuida a agentes por uso desmedido de la fuerza, así como fortalecimiento en la formación en derechos humanos, gestión de conflictos y uso proporcional de la fuerza, implementación de sistemas de control civil y transparencia en las estadísticas y promover valores de empatía y humanidad, recordando que portar un uniforme “no autoriza a disponer de la vida ajena.”

Asimismo, subrayó que este no es un asunto de antisociales ni de ‘limpieza social’, sino un asunto de dignidad humana, considerando que como sociedad, no se debe naturalizar la violencia ni justificar las muertes extrajudiciales.

“Hoy fueron ellos, mañana puede ser cualquiera que nada tenga que ver con actos delictivos, como ya ha sucedido en casos anteriores”.

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Valentín Santos aclaró que la voz que se levanta desde la Oficina Nacional de Defensa Pública no es de confrontación, sino de auxilio.

“Que la Policía Nacional no desacredite el Estado de derecho, que no invisibilice los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. Que no quede como la respuesta que un padre le dio a su hijo cuando le preguntó: ‘Papá, si los policías matan a todos los delincuentes, ¿Quiénes quedarán vivos?’. El padre respondió: ‘los asesinos’.”

Finalmente, el director de Defensa Pública indicó que la Policía Nacional está en la obligación de cumplir con la misión establecida en el artículo 5.1 de su Ley Orgánica, por lo que su entender debe procurar ser más humana, empática y formada en principios y valores.

“Que el Estado asuma su responsabilidad y que la vida vuelva a ser inviolable, sin excusas ni excepciones”, precisó.