La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió a las críticas de la vicepresidenta Raquel Peña contra las paralizaciones de docencia, al sostener que los conflictos en las escuelas no se resuelven condenando las protestas, sino atendiendo las demandas que, según el gremio, mantienen inconforme al magisterio.
La reacción se produce en medio de una semana de movilizaciones en distintos puntos del país, con marchas, piquetes, paros y jornadas de brazos caídos que han afectado las actividades escolares, mientras el Gobierno insiste en que los estudiantes deben permanecer en las aulas y que los reclamos pueden resolverse mediante el diálogo.
El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Menegildo De La Rosa, dijo que coincide con Peña en que los niños deben estar en las escuelas, pero cuestionó que se reclame la asistencia a clases sin atender las condiciones en que funcionan numerosos planteles.
"Coincidimos con la vicepresidenta en que el lugar de nuestros niños y niñas es la escuela, pero también debemos preguntarnos en qué condiciones están esas escuelas, cuántas carecen de docentes, aulas, laboratorios, bibliotecas y servicios básicos, y quiénes tienen la responsabilidad de resolver esas deficiencias", manifestó.
Los reclamos que mantienen las protestas
La ADP sostiene que las paralizaciones responden a demandas pendientes con el Ministerio de Educación (Minerd), entre ellas el pago de incentivos y retroactivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente, así como problemas de infraestructura, falta de personal y otras necesidades de los centros educativos.
De La Rosa recordó un estudio nacional presentado por el sindicato, según el cual el 70 % de los centros educativos carece de laboratorios, el 48.5 % no dispone de comedor y el 45.2 % no tiene biblioteca. Además, afirmó que el 82.9 % de los docentes considera que la sobrepoblación de las aulas dificulta la atención individualizada de los estudiantes.
El dirigente también cuestionó los retrasos en el pago de los beneficios de la evaluación docente y las respuestas a las reclamaciones del magisterio.
La ADP había denunciado que más de 7,000 maestros seguían pendientes de recibir retroactivos, que expedientes de apelación y revisión superaban los 100 días sin respuesta, pese a que el plazo establecido era de 45 días, y que otros docentes permanecían sin recibir respuestas sobre sus evaluaciones.
El Ministerio de Educación, sin embargo, se comprometió a completar antes de finalizar diciembre los procesos pendientes de evaluación y sus beneficios correspondientes. Ese compromiso llevó al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP a aplazar la parada cívica que había convocado frente a la sede del Minerd para el 18 de noviembre, aunque advirtió que se mantendría vigilante al cumplimiento de lo acordado.
Paros y protestas en cinco municipios
Pese al aplazamiento de esa convocatoria nacional, las movilizaciones de las seccionales continuaron. Este viernes 20 de noviembre, la ADP convocó marchas, piquetes y paralizaciones en Azua, Constanza, Cabral, Bonao y Puerto Plata, con reclamos que incluyen pagos pendientes, apertura de una segunda tanda, problemas en los planteles y cuestionamientos a autoridades educativas.
En Puerto Plata, los maestros convocaron una jornada de brazos caídos, asistiendo a los centros sin impartir docencia. En Constanza se anunció un paro de 24 horas, mientras en Azua se convocó una marcha y en Cabral y Bonao se realizaron actividades de protesta.
Las interrupciones se suman a otras paralizaciones recientes. En Santiago, un paro convocado por seccionales de la ADP afectó, según reportes de prensa, cerca de 90,000 estudiantes de unos 290 centros educativos.
La vicepresidenta pide detener las huelgas
Raquel Peña calificó de inadmisibles las huelgas y paralizaciones convocadas por la ADP y pidió a los profesores desistir de esas acciones para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir docencia.
"Yo lo que quiero es que la ADP deje de estar haciendo huelgas y los niños tienen que estar en las aulas. Ese es el lugar de los niños, en las aulas, en las escuelas", expresó la vicepresidenta.
Peña sostuvo que las diferencias entre el Gobierno y el gremio pueden canalizarse mediante el diálogo y el entendimiento, sin afectar las clases.
La ADP reconoce que las interrupciones perjudican a estudiantes y familias y asegura que revisará sus métodos de lucha para evitar afectaciones innecesarias al calendario escolar. No obstante, De La Rosa advirtió que esa disposición debe acompañarse de respuestas concretas del Gobierno.
"La ADP no hace paros por capricho, porque los maestros queremos estar en las aulas enseñando, pero también exigimos que se respeten nuestros derechos y que las escuelas funcionen en condiciones dignas. La protesta sindical es una consecuencia de los problemas no resueltos, no la causa de las deficiencias estructurales del sistema educativo", afirmó.
El gremio también mantiene su reclamo de que el Presupuesto General del Estado de 2027 destine el 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. La ADP sostiene que el proyecto presupuestario contempla un porcentaje inferior y exige al Congreso modificar la partida.
De La Rosa exhortó a la vicepresidenta a intervenir para que el Ministerio de Educación establezca mecanismos efectivos de diálogo y solución de conflictos.
"Si queremos que no haya paralizaciones, comencemos por eliminar las causas que las provocan: cumplamos los acuerdos, resolvamos las necesidades de los centros educativos y respetemos la dignidad del magisterio", concluyó.
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