El nuevo Código Penal entró en vigor este 3 de agosto, poniendo fin a 140 años de vigencia del texto penal de 1884. La reforma, contenida en la Ley 74-25, incorpora nuevos tipos penales, endurece las sanciones para diversos delitos y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque su implementación ha generado opiniones divididas entre especialistas del derecho.
Abogados consultados por ACENTO coincidieron en que la nueva legislación representa una actualización necesaria del sistema penal frente a las nuevas formas de criminalidad.
Sin embargo, también advirtieron sobre los desafíos que enfrentará el sistema de justicia durante su aplicación y la necesidad de orientar a la ciudadanía sobre los cambios.
Más delitos y penas más severas
El abogado Adolfo Serrano consideró que la entrada en vigencia del Código responde a una demanda de la sociedad y afirmó que la reforma fortalece el Poder Judicial al incorporar herramientas que no existían en la legislación anterior.
Entre las principales novedades del nuevo Código Penal se encuentran:
- La tipificación de la difamación e injuria.
- La incorporación del parricidio con una regulación específica.
- La inclusión de nuevas figuras penales que antes no estaban contempladas.
- Una mayor capacidad del sistema de justicia para sancionar conductas que no estaban claramente tipificadas en la legislación anterior.
El jurista Ángel Familia sostuvo que el nuevo Código incorpora más de 70 tipos penales y responde a fenómenos actuales como los delitos tecnológicos y el crimen organizado.
Según explicó, la legislación también establece sanciones para las empresas por determinadas conductas ilícitas y dota a jueces y fiscales de mayores herramientas para perseguir delitos que anteriormente carecían de regulación específica.
Además, defendió que la reforma no constituye una restricción a la libertad de expresión y rechazó que pueda calificarse como una "ley mordaza", al señalar que las nuevas disposiciones buscan sancionar las imputaciones sin pruebas y proteger derechos fundamentales.
Aplicación parcial y retos para la justicia
La reforma dispuso un período de 12 meses para preparar a las instituciones encargadas de aplicarla. Durante ese tiempo fueron impartidas capacitaciones, revisados protocolos y elaborados materiales especializados.
También se incorporaron nuevos defensores públicos y se avanzó en la apertura del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El abogado Norberto Rondón explicó que, aunque la mayor parte del Código comenzó a aplicarse este lunes 3 de agosto, unos 30 artículos modificados entrarán en vigor únicamente después de su publicación en la Gaceta Oficial, conforme al artículo 109 de la Constitución.
Asimismo, recordó que las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas tendrán una vacatio legis de tres meses para permitir que las compañías implementen programas de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención del lavado de activos y estándares internacionales.
Rondón advirtió que el nuevo régimen de cúmulo de penas podría provocar un aumento en las solicitudes de prisión preventiva, ya que la acumulación de varios delitos elevaría considerablemente las penas posibles en un mismo proceso, incluso en casos relacionados con accidentes de tránsito agravados.
A su juicio, este escenario obligará al Estado a incrementar los recursos destinados al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sistema penitenciario para evitar un colapso institucional.
Ciudadanía debe conocer los cambios
El abogado Wandell Matos enfatizó que uno de los principales desafíos será informar adecuadamente a la población sobre los nuevos delitos y las sanciones establecidas.
Indicó que el Código incorpora 74 nuevas figuras delictivas, entre ellas el uso de sustancias corrosivas, nuevas modalidades de feminicidio, delitos de alta tecnología y otros ilícitos que antes no estaban contemplados en la legislación penal.
También destacó que las penas ahora se estructuran en rangos que pueden llegar hasta los 60 años de prisión, dependiendo de la gravedad y acumulación de los delitos.
No obstante, Matos consideró que, además del endurecimiento de las sanciones, el Estado debe fortalecer las políticas sociales y preventivas para reducir la criminalidad, y señaló que la nueva legislación podría ser objeto de acciones de inconstitucionalidad sobre algunos de sus artículos.
El Ministerio Público puso en marcha en febrero un diplomado sobre la reforma penal y procesal dirigido a su matrícula de fiscales. En marzo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso informó que, durante el primer trimestre de 2026, había sido capacitado el 26 % de los fiscales en torno a la nueva legislación penal.
La Procuraduría también dispuso la aplicación, desde el 1 de abril, de un nuevo protocolo para el procesamiento de escenas del crimen, una herramienta relevante ante delitos cuya investigación requiere evidencias digitales, análisis especializados y una mayor coordinación entre fiscales, policías, peritos y organismos técnicos.
Por su parte, la Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial desarrollaron actividades formativas y encuentros regionales con jueces. En junio también fue presentado un Código Penal comentado de 899 páginas, elaborado como guía para estudiar los alcances y desafíos de la reforma.
Crea comisión
Como parte de las acciones orientadas a garantizar la socialización del nuevo Código Penal, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión de seguimiento para discutir futuras mejoras del Código.
- Milton Ray Guevara
- Leyda Margarita Piña Medrano
- Pedro Balbuena
- Ricardo Rojas León
- Julio César Castaños Guzmán
- Luz Díaz
- José Lorenzo Fermín
- Eduardo Jorge Prats
- Alejandro Moscoso Segarra
- Persio Maldonado
- Aníbal de Castro
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