En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, representantes del sector Salud y Seguridad Social firmaron el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa, con el propósito de fortalecer una cultura institucional "transparente, responsable y centrada en las necesidades de la ciudadanía".
La iniciativa plantea la necesidad de reforzar los principios éticos y los mecanismos de prevención de irregularidades en las instituciones del sector, así como la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Sin embargo, la firma de este compromiso adquiere especial relevancia por el contexto en que se produce: el escándalo de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), considerado uno de los mayores casos de desfalco investigados en el sistema de salud pública dominicano. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), desarrolla la Operación Cobra para investigar el presunto entramado.
Durante la ceremonia, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atallah, destacó que el fortalecimiento ético tiene un valor humano inestimable, debido a que cada decisión presupuestaria repercute directamente en la vida y la salud de las familias dominicanas.
"Hoy no venimos a inaugurar la integridad como una firma, venimos a reafirmar un principio que debe acompañarnos permanentemente en cada decisión, porque la integridad no es un acto, es una forma de servir. Detrás de cada medicamento hay un paciente en espera, detrás de cada equipo médico hay un diagnóstico que debe llegar a tiempo y detrás de cada recurso público hay una familia que deposita su confianza en nosotros", expresó Atallah.
El titular de Salud Pública insistió en que la prevención de la corrupción requiere que los funcionarios ejerzan sus responsabilidades con el ejemplo y que las instituciones dispongan de mecanismos claros para impedir el uso indebido de los fondos públicos.
"La verdadera fortaleza institucional está en facilitar hacer lo correcto, dificultar hacer lo incorrecto y garantizar que existan mecanismos para responder cuando las normas se incumplan. Los cargos son temporales, los principios deben ser permanentes; los recursos públicos no nos pertenecen y la confianza que recibimos no es un privilegio, es una responsabilidad. Por eso quiero que nos llevemos tres conclusiones: la confianza no se exige, se construye; la transparencia no se anuncia, se practica; la integridad no solamente se firma, sino que se demuestra todos los días", enfatizó.
Alinear todas las instituciones del Estado
Por su parte, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, resaltó la importancia de alinear todas las instituciones del Estado hacia una misma meta de honestidad, en consonancia con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
"Se ha juramentado el gabinete, el presidente ha juramentado dos gabinetes y ahí se ha tenido que leer, firmar y suscribir el compromiso de los altos funcionarios del Estado. Y eso se va derramando en los ministerios, las direcciones y hoy con la salud. Tenemos que actuar en el gobierno como si fuéramos herraduras que se enganchan para caminar todos al mismo ritmo", afirmó Ortiz Bosch.
El contraste de las firmas con el expediente SeNaSa y la Operación Cobra
Mientras las autoridades estamparon sus firmas en el pacto ético, los tribunales siguen conociendo las ramificaciones de la Operación Cobra, una investigación judicial que sacudió la opinión pública tras destapar una red criminal instalada en la alta dirección del SeNaSa.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el entramado habría sustraído más de RD$ 15,000 millones mediante autorizaciones falsas de procedimientos, pago de sobornos y sobreprecio en insumos y medicamentos.
El caso, encabezado procesalmente contra el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y decenas de exfuncionarios y prestadores de salud, se encuentra en fase de instrucción. Las autoridades judiciales han ratificado medidas de prisión preventiva y arresto domiciliario a gran parte de los vinculados, mientras varios de los procesados han comenzado a admitir los hechos y a colaborar con los fiscales.
A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado dominicano se ha constituido formalmente como actor civil en la causa penal. El objetivo expreso enviado por el Poder Ejecutivo es lograr sentencias de reparación civil que obliguen a los imputados a devolver hasta el último peso sustraído y compensar los daños morales e institucionales causados al sistema de salud.
Compromiso de cobertura
El compromiso institucional para evitar que hechos como los del SeNaSa vuelvan a repetirse fue suscrito por los titulares del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), Servicio Nacional de Salud (SNS), Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el propio Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL) y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Asimismo, firmaron los directores de centros clave de la red pública como CECANOT, el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, el Hospital Municipal Dr. Jacinto Ignacio Mañón, el Hospital Municipal Sigifredo Alba Domínguez y el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
La efectividad de este acuerdo se medirá en los próximos meses no solo por la rigurosidad con que se fiscalicen los nuevos presupuestos, sino también por el desenlace del juicio que busca recuperar los bienes distraídos en el SeNaSa y sentar un precedente definitivo contra la impunidad sanitaria.
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