La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó avances del proyecto de fiscalías comunitarias y centros integrales de acceso a la justicia, una política que —según explicó— busca acercar la respuesta del sistema a los territorios, descentralizar la persecución penal y ofrecer soluciones alternas antes de que los conflictos escalen a hechos criminales.
Reynoso sostuvo que el plan se materializa a través de fiscalías comunitarias, concebidas bajo un “modelo de proximidad ciudadana”. En ese marco, informó que actualmente se han inaugurado cinco dependencias, de un total de 24 aprobadas por el Consejo.
La procuradora detalló que la instalación de estas oficinas responde a un análisis técnico basado en tres criterios: la proximidad para facilitar el acceso de las personas a la justicia; el “mapa de calor” de la criminalidad; y la densidad de la población.
“Veinticuatro dependencias estratégicas, cuya distribución territorial corresponde, reitero, a un análisis técnico”, enfatizó.
De acuerdo con Reynoso, el enfoque no se limita a llevar la persecución penal a más comunidades, sino también a promover respuestas tempranas. “Busca llevar soluciones alternas a las comunidades antes de que el hecho pase a un crimen”, señaló, al tiempo que planteó la necesidad de transformar la fiscalía en un espacio cercano y accesible, especialmente para sectores vulnerables.
Dos modalidades: fiscalías comunitarias y centros integrales
Para atender “las diversas demandas sociales”, el sistema —explicó— se estructura en dos modalidades complementarias: las fiscalías comunitarias y los centros integrales de acceso a la justicia.
Mientras las fiscalías comunitarias apuntan a fortalecer el vínculo directo con las comunidades, los centros integrales operan como nodos multidisciplinarios capaces de reunir “hasta cuatro puertas de entrada”, con servicios especializados y variados en un mismo recinto.
Reynoso indicó que en un Centro Integral de Acceso a la Justicia puede funcionar un esquema que incluya, entre otras unidades, una fiscalía, un juzgado de paz, un centro de mediación, una unidad de violencia de género e intrafamiliar y un área especial para casos vinculados a niñez, adolescencia y familia.
Como parte del balance, precisó que de las cinco dependencias inauguradas hasta el momento, tres corresponden a fiscalías comunitarias y dos a centros integrales: el Centro Integral de Acceso a la Justicia de Haina y el Centro Integral de Acceso a la Justicia en La Romana.
La procuradora agregó que el despliegue de este modelo ya genera demanda desde los territorios. Aseguró que ha recibido “decenas de comunicaciones de comunitarios” solicitando nuevas fiscalías comunitarias, aunque aclaró que se instalarán “siempre que cumplan con los tres criterios” previamente expuestos.
Boca Chica: centro con fiscalía modelo contra trata y explotación
En el mismo anuncio, Reynoso informó que el próximo 30 de marzo, a las 4:00 de la tarde, se inaugurará en Boca Chica un Centro de Atención Integral que incorporará una “fiscalía modelo” para enfrentar la trata y el tráfico de personas, así como la explotación sexual.
Según explicó, en Boca Chica se implementará el mismo “modelo de Sosúa”. Sobre esa experiencia, afirmó que hoy pueden decir que, con el funcionamiento del proyecto, “la fuerza viva, el empresariado, los comunitarios” han solicitado que se declare a Sosúa como un municipio libre de la explotación sexual.
Reynoso sostuvo que, con la inauguración prevista para el 30 de marzo —“iniciando Semana Santa”, dijo— se dejará instalado en Boca Chica un centro de servicio con fiscalía especializada, unidad de violencia de género y “sus demás áreas especializadas”, como parte de una estrategia que apunta a reforzar la presencia institucional y la atención integral en puntos de alta sensibilidad social.
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