Imagínese la escena: doña Carmen, 74 años, vecina de Moca, tiene en su sala una tinaja de barro que heredó de su bisabuela, la cual heredó de la suya, que a su vez la recibió de alguien que ya nadie recuerda. Esa tinaja tiene más de doscientos años. Doña Carmen la usa para enfriar agua y guardar mangos.
Según el proyecto de ley para la Protección y Adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana, que ya va por su segunda lectura en el Congreso Nacional, doña Carmen tiene un año para declarar ese bien ante el Ministerio de Cultura. Si no lo hace, enfrenta una multa de entre 3 y 6 salarios mínimos del sector público.
Pero, doña Carmen no sabe que existe ese proyecto de ley. Nadie se lo ha dicho.
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La ley que avanza en silencio
Así es… Nadie sabía nada de este proyecto de ley hasta que el reputado gestor cultural, Danilo Ginebra, dio la voz de alerta; Acento.com.do editorializó. Y aquí hay algo profundamente paradójico en cómo la República Dominicana está a punto de aprobar su legislación cultural más ambiciosa en décadas, y casi nadie en el sector cultural lo sabe con detalle. No los gestores. No los artistas. No los dueños de casas coloniales en los pueblos del interior. No las comunidades que portan tradiciones declaradas patrimonio de la humanidad.
El proyecto lleva meses en el Congreso. Ha pasado comisiones. Ha acumulado artículos. Ha llegado a segunda lectura. Y sin embargo, si usted le pregunta hoy a un gestor cultural de Santiago, de San Pedro de Macorís o de Barahona qué dice esa ley, lo más probable es que le responda con una mirada en blanco seguida de un: "¿Cuál ley?".
Un régimen sancionador de estreno
Porque la ley no es suave. El Capítulo IX establece un régimen de sanciones que, leído de corrido, suena más a código penal que a política cultural:
- Destruir intencionalmente un bien patrimonial: multa de 50 a 100 salarios mínimos, más pagar la restauración de su propio bolsillo.
- Exportar sin permiso una pieza patrimonial: multa de 20 a 50 salarios mínimos.
- Pegar un cartel en un monumento: multa de 20 a 40 salarios mínimos.
- No declarar un bien heredado en el plazo de un año: multa de 3 a 6 salarios mínimos.
Nótese el detalle del cartel. En este país donde cada elección convierte cada pared, árbol, poste y fachada colonial en soporte publicitario de algún candidato, la ley vendría a establecer que pegar un afiche en un monumento es un acto sancionable. Uno se pregunta si el Ministerio de Cultura tendrá presupuesto suficiente para procesar la avalancha de infracciones que generaría sola la próxima campaña electoral.
El Estado que multa antes de enseñar
Aquí está el nudo del asunto: una ley que sanciona supone una población que conoce. No se puede exigir cumplimiento de normas que no han sido explicadas, debatidas ni difundidas.
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¿Cuántas campañas de socialización ha hecho el Ministerio de Cultura sobre este proyecto? ¿Cuántos foros con gestores culturales en el interior del país? ¿Cuántas jornadas con las comunidades portadoras de patrimonio inmaterial —los Congos de Villa Mella, los palos del sur, los gagá— para explicarles que sus instrumentos sagrados podrían quedar atrapados en un régimen de propiedad privada que el Estado tiene apenas 15 días hábiles para disputar?
La ironía del patrimonio que no se hereda
Hay una ironía cruel en el corazón de este proyecto. La ley reconoce, con toda la solemnidad del lenguaje jurídico, que el patrimonio cultural es la identidad viva de un pueblo, algo que se transmite de generación en generación, que infunde sentido de continuidad y pertenencia.
Y al mismo tiempo, esa ley está siendo redactada, debatida y aprobada sin las generaciones que la van a vivir.
Los gestores culturales, esos seres híbridos que viven entre el arte, la burocracia y la fe, son los primeros que deberían conocer cada artículo. Son ellos quienes van a tener que explicarle a doña Carmen lo de la tinaja. Son ellos quienes van a mediar entre una comunidad afrodescendiente y un coleccionista privado que compró legalmente el tambor que era el corazón de un rito. Son ellos quienes van a descubrir, demasiado tarde, que la ley les impone obligaciones que nadie les comunicó.
Multas para el patrimonio, silencio para la gente
Llama la atención que el proyecto sea tan detallado en sus sanciones y tan vago en sus mecanismos de participación ciudadana. Sabe perfectamente cuánto cobrarle a quien excave sin permiso —entre 20 y 40 salarios mínimos—, pero no detalla cómo va a garantizar que las comunidades portadoras de tradiciones vivas tengan voz en las declaratorias que las afectan directamente.
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Sabe que los fondos recaudados por multas irán "exclusivamente a la preservación del patrimonio". No sabe —o no dice— cómo va a llegar esa preservación a las provincias donde no hay un solo especialista en restauración, donde el único centro cultural es una cancha de baloncesto techada, donde el patrimonio inmaterial sobrevive porque una abuela se niega a morirse.
Lo que falta antes del tercer debate
Esta ley puede ser un hito. Tiene artículos valiosos: la repatriación de piezas exportadas ilegalmente, el reconocimiento del patrimonio subacuático, los incentivos fiscales para el mecenazgo cultural. Hay intención genuina en su arquitectura.
Pero una ley de patrimonio que no ha sido debatida con el pueblo que porta ese patrimonio es, en el mejor de los casos, una declaración de buenas intenciones. En el peor, es una trampa burocrática con multas incluidas.
Antes del tercer debate, el Congreso y el Ministerio de Cultura le deben al país —y especialmente a sus gestores culturales, a sus comunidades, a sus doñas Carmen— una respuesta clara a tres preguntas:
- ¿Cuándo van a informar?
- ¿A quién van a consultar?
- ¿Cómo van a garantizar que esta ley proteja a la gente antes de multarla?
Porque el patrimonio cultural no vive en los archivos del Congreso. Vive en las manos, las voces y las memorias de personas que, hoy mismo, no saben que una ley los está nombrando sin preguntarles nada.
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