La visita del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, ha reabierto el debate sobre las alternativas para enfrentar la crisis de seguridad y el colapso del sistema penitenciario haitiano.
El funcionario haitiano recorrió el martes 17 de noviembre las instalaciones de la prisión de máxima seguridad, acompañado por su homólogo salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien explicó que el encuentro buscaba compartir las acciones y los resultados del modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele.
La visita forma parte de un intercambio de experiencias y cooperación entre ambos países para abordar el combate a las pandillas y el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades no han anunciado que Haití vaya a reproducir el modelo penitenciario salvadoreño ni han detallado medidas concretas que se adoptarían a partir del recorrido.
En ese contexto, el jurista haitiano Gilbert Mervilus plantea interrogantes sobre la viabilidad de trasladar el modelo del CECOT a Haití, donde considera que el principal obstáculo no es únicamente la falta de infraestructura carcelaria, sino la profunda crisis de la administración de justicia.
En un análisis titulado ¿Importar el CECOT a Haití: el golpe de gracia al derecho criollo?, Mervilus cuestiona las prácticas que, a su juicio, caracterizan el funcionamiento del sistema judicial haitiano y que describe como un "no derecho".
El autor utiliza la expresión "derecho criollo" para referirse a un conjunto de prácticas que atribuye a sectores del sistema judicial y del aparato estatal, entre ellas la prolongación de la prisión preventiva, el desorden territorial, la falsificación de títulos de propiedad y los procesos judiciales fraudulentos.
De la herencia colonial a la represión de los Duvalier
Mervilus sitúa los problemas del sistema penitenciario haitiano en una trayectoria histórica que se remonta a la independencia del país, en 1804.
Según su análisis, desde entonces y hasta la ocupación estadounidense de 1915, las cárceles estuvieron marcadas por una estructura autoritaria de origen colonial y militar. Aunque Haití adoptó códigos inspirados en el modelo napoleónico, la administración de justicia permaneció subordinada a los mandos militares y a las autoridades territoriales.
El jurista señala que durante la dictadura de los Duvalier, entre 1957 y 1986, las prisiones se convirtieron en instrumentos de represión política.
Entre los centros que simbolizaron ese período destaca Fort Dimanche, conocido como el "fuerte de la muerte", donde, de acuerdo con su exposición, opositores reales o supuestos fueron detenidos sin garantías judiciales y sometidos a torturas, hambre y falta de atención médica.
La caída de la dictadura y la aprobación de la Constitución de 1987 abrieron una etapa de reformas que buscaban establecer garantías para las personas detenidas.
La Carta Magna prohibió las detenciones arbitrarias y estableció que toda persona detenida debía comparecer ante un juez dentro de las 48 horas. Posteriormente, en 1995, se creó la Administración Penitenciaria Nacional (APENA), con el propósito de avanzar hacia la desmilitarización y humanización de las cárceles.
No obstante, Mervilus sostiene que esas reformas no consiguieron transformar las condiciones del sistema penitenciario, debido a la falta de recursos, la inestabilidad política y la impunidad.
Más del 80 % de los presos estaría en prisión preventiva
El autor describe el panorama penitenciario haitiano como una expresión del deterioro institucional del país.
En su análisis afirma que más del 80 % de la población carcelaria permanece en prisión preventiva prolongada, en centros caracterizados por el hacinamiento, la desnutrición y la propagación de enfermedades.
También recuerda los ataques de 2024 contra la Penitenciaría Nacional y la cárcel de Croix-des-Bouquets, que provocaron la fuga de miles de reclusos.
Sobre esos acontecimientos, Mervilus cuestiona que las fugas puedan interpretarse simplemente como episodios fortuitos. Utiliza la expresión «fuga estructurada» para plantear que determinadas operaciones de este tipo podrían responder a planes dirigidos a liberar a personas específicas.
El CECOT frente al sistema judicial haitiano
Al comparar la realidad penitenciaria de Haití con el modelo salvadoreño, Mervilus identifica dos problemas distintos.
Por un lado, considera que las cárceles haitianas reflejan el abandono institucional, la falta de recursos y la incapacidad del Estado para garantizar el funcionamiento de los tribunales y la seguridad de los centros penitenciarios.
Por otro, caracteriza al CECOT como una expresión del "derecho penal del enemigo", basada en el control extremo, el régimen de excepción, los juicios colectivos y el aislamiento de los reclusos.
Desde esa perspectiva, advierte que importar una estructura penitenciaria como la salvadoreña no resolvería por sí sola los problemas de Haití.
A su juicio, una iniciativa de esa naturaleza requeriría una transformación integral del aparato judicial, tanto de las instituciones que administran justicia como de los mecanismos informales de poder que, según denuncia, operan dentro de los círculos del Estado.
El jurista sostiene que ese entramado paralelo, al que denomina "derecho criollo", constituye uno de los principales obstáculos para establecer un verdadero Estado de derecho.
Su planteamiento es que la discusión sobre el CECOT no puede limitarse a la construcción de una cárcel de máxima seguridad o a la adopción de medidas más severas contra las organizaciones criminales. También tendría que abordar las prácticas de impunidad y las deficiencias institucionales que, según su análisis, afectan la administración de justicia haitiana.
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