Hace tres meses, el pasado 8 de abril, el colapso del centro nocturno Jet Set dejó 236 personas muertas, decenas de heridos y huérfanos.
El desplome generó una ola de querellas por negligencia contra los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Según testigos, ya en días anteriores se habían observado desprendimientos parciales, y empleados habrían alertado sin recibir respuesta.
La falta de evacuación preventiva y el mantenimiento deficiente han sido señalados como factores clave en la tragedia.
Cronología del caso y denuncias
La noche del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, se produjo el colapso del techo en la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional.
La tragedia dejó un saldo inicial de 113 muertos y decenas de heridos, cifra que luego aumentó a más de 200 víctimas fatales, según confirmaron las autoridades.
El hecho fue calificado como una de las peores tragedias civiles en la historia reciente del país. El presidente Luis Abinader declaró cinco días de duelo nacional en señal de luto.
Pocos días después del colapso, comenzaron a presentarse las primeras querellas civiles contra los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por supuesta negligencia estructural.
Entre el 15 y el 17 de abril, ya se habían interpuesto múltiples denuncias, incluyendo la de la familia de Virgilio Rafael Cruz Ponte, una de las víctimas del colapso. Para el 19 de mayo, el número de querellas ascendía a 42.
El 19 de abril, como parte de las diligencias preventivas, el Ministerio Público dispuso la inmovilización de bienes y acciones vinculadas a Antonio Espaillat, con el fin de evitar maniobras para evadir responsabilidades legales.
El 7 de mayo, las autoridades procedieron a la incautación del establecimiento Jet Set, sumando esta acción a la cadena de medidas cautelares ya en curso. La medida buscaba asegurar el lugar de los hechos y preservar evidencias claves para la investigación.
El 11 de junio, una comisión técnica entregó al Ministerio Público un informe preliminar que señalaba fallos graves en la estructura del edificio.
Al día siguiente, Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados y formalmente acusados de homicidio involuntario, según los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
Una semana más tarde, el 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción no privativas de libertad.
La decisión incluyó una garantía económica de RD$ 50 millones, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La magistrada advirtió, sin embargo, sobre las limitaciones del Código Penal vigente, explicando que el principio de legalidad le impedía imponer prisión preventiva sin base legislativa suficiente.
La decisión generó rechazo entre familiares de víctimas y abogados, quienes la calificaron como abuso de criterio.
Para el 24 de junio, la cifra de querellas había ascendido a 123, reflejando el creciente número de afectados que buscan justicia.
Hace una semana, el abogado Ricardo Alcántara Méndez, representante de Germán Peña Jorge, una de las víctimas con lesiones graves en la columna, presentó un recurso de apelación para que la medida sea sustituida por prisión preventiva.
El expediente quedó en manos del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se desarrolla la fase preparatoria del proceso.
Actualmente, el Ministerio Público dispone de un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal.
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