Doce muertes violentas de trabajadoras sexuales se registraron entre 2018 y 2024, en distintas provincias de República Dominicana, según una investigación del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu).
La entidad presentó el documento que da cuenta de que más de 150 agresiones contra trabajadoras sexuales (Trsx) cis y trans, fueron cometidas por clientes, agentes de la Policía Nacional y miembros de Politur, en el citado plazo.
El estudio reporta que el 68 % de las Trsx encuestadas sufrió violencia física o verbal por parte de actores estatales o clientes, con un nivel de judicialización de solo 22 % y con menos del 6 % de los casos concluidos en condena.
El informe indica que la falta de una regulación específica del trabajo sexual y la criminalización indirecta generan detenciones arbitrarias, extorsión y abusos reiterados por parte de fuerzas del orden.
Modemu advierte que la ausencia de un sistema de búsqueda tipo Alerta AMBER y la inexistencia de datos desagregados por ocupación dificultan la localización de Trsx desaparecidas.
Violencia contra trabajadoras sexuales
El estudio documentó que las trabajadoras sexuales en República Dominicana enfrentan “diversos tipos de violencia de forma cotidiana”, incluyendo agresiones de clientes que abarcan “la negativa a usar condón, golpizas, violaciones y asesinatos”.
Modemu identificó un patrón de violencia institucional, ejercida principalmente por la Policía Nacional, que comprende “extorsiones, detenciones sin orden judicial, confiscación de pertenencias, abuso verbal y físico y chantajes sexuales”.
El informe también recogió casos de violencia comunitaria, con ataques verbales y físicos en espacios públicos o residenciales motivados por estigma, machismo o transfobia.
Además, indicó que existe una impunidad sistemática, ya que estos hechos “rara vez se investigan con rigor” y muchas víctimas no denuncian por “miedo a represalias, falta de confianza en el sistema o estatus migratorio irregular”.
Uno de los casos incluidos en el estudio es el feminicidio de Génesis Josefina Jiménez Arias, ocurrido en 2022, cuyo agresor fue condenado a 20 años de prisión, con vínculos no esclarecidos con otras desapariciones como la de Andelkis Sheila Tena Beltre.
El informe destacó múltiples factores de vulnerabilidad asociados al género, nivel socioeconómico, identidad de género y condición migratoria, especialmente entre mujeres haitianas.
Modemu también documentó barreras en el acceso a salud, con reportes de negación de atención y trato discriminatorio que aumentan la exposición a VIH e ITS.
La organización recomendó implementar un sistema de búsqueda temprana, despenalizar el trabajo sexual consensuado y crear protocolos nacionales de investigación con enfoque de género.
Pese al contexto adverso, organizaciones como Modemu, Transsa, Cotraved y ODHGV continúan con la documentación de casos, la incidencia política y el acompañamiento legal y psicosocial a las víctimas para visibilizar y proteger los derechos humanos de esta población.
Estudio
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