Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recesaron este lunes la audiencia de fondo del denominado caso Calamar y fijaron para el próximo 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, la continuación del proceso.
La decisión se produjo luego de que la semana pasada el Ministerio Público iniciara la presentación formal de su acusación contra los imputados.
La audiencia de este lunes estaba prevista para continuar con el desarrollo del proceso, luego de la presentación de la acusación por parte del órgano acusador y la participación de las defensas de los imputados.
Durante la jornada, el tribunal conoció las justificaciones relacionadas con la ausencia de algunas de las partes.
Entre ellas, se presentó una licencia médica que establece un período de reposo de un mes, recomendado por el médico tratante por razones de salud.
Asimismo, fue justificada la inasistencia de uno de los querellantes y actores civiles debido al fallecimiento de un familiar.
Ante estas circunstancias, el tribunal decidió unificar las audiencias y convocó a las partes para el próximo 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
“Así que quedan todos convocados para ese día y quedan unificadas las audiencias del día de hoy”, expresó el tribunal al concluir la jornada.
Datos sobre el caso
El caso Calamar es un proceso judicial por presunta corrupción administrativa que involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y a particulares.
Aunque el Ministerio Público comenzó a investigar a Donald Guerrero a principios de 2021, el caso tomó carácter público en marzo de 2023, con la denominada Operación Calamar, encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Durante esa operación se realizaron alrededor de 40 allanamientos y fueron apresadas varias personas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura que utilizaba distintas instituciones del Estado para presuntamente distraer fondos públicos mediante operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos, reconocimiento y pago de deudas administrativas, obras públicas y otros mecanismos.
Uno de los principales componentes señalados por los fiscales corresponde al manejo de pagos por expropiaciones y supuestas deudas administrativas.
Según el expediente, el Ministerio Público identificó aproximadamente RD$ 12,000 millones relacionados con operaciones que consideró irregulares dentro del esquema investigado. La acusación también sitúa en más de RD$19,000 millones la afectación económica que atribuye al entramado investigado.
Asimismo, fueron incluidos señalamientos relacionados con cubicaciones presuntamente adulteradas de obras públicas, mediante las cuales, según el Ministerio Público, se habrían autorizado pagos por trabajos que no se correspondían con lo ejecutado.
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