La jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Stefany Reyes Santiago, reservó para el lunes 29 de junio de 2026 la decisión sobre la medida de coerción a los tres investigados por el presunto desfalco al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer (PCCC), del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Tras cerrar los debates y las réplicas de las partes en un proceso de cuatro sesiones, la jueza optó por anunciar la decisión el próximo lunes, debido a lo avanzado del horario.
Por el presunto fraude son investigados Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
El Ministerio Público señala en la solicitud de medida de coerción que los tres imputados incurrieron en asociación de malhechores, delitos de alta tecnología (sabotaje), estafa en perjuicio del Estado, abuso de confianza en perjuicio del PCCC y violación de la Ley de Drogas 50-88.
Variaron solicitud a cambio de colaboración
Aunque el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva de al menos un año para los tres procesados y declarar el caso complejo, hubo una variación en relación con la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se comprometió ante el tribunal a colaborar en el proceso y asumir responsabilidad en el caso.
En ese sentido, su abogado, Ricardo Reyna, confirmó que la solicitud de privación de libertad fue variada por prisión domiciliaria.
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