La República Dominicana alcanzó una puntuación de 82 sobre 100 en el pilar de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, superando el resultado obtenido en la edición de 2023 y consolidando una tendencia de mejora sostenida en la gestión de la información fiscal.
El estudio, presentado por el International Budget Partnership (IBP) y la Fundación Solidaridad, evalúa a 83 países en materia de transparencia presupuestaria, participación pública y vigilancia institucional. Con esta calificación, el país se sitúa por encima del umbral de 61 puntos que indica que un gobierno publica suficiente información para permitir el análisis ciudadano y el debate informado sobre las finanzas públicas.
Avance sostenido en transparencia
El informe destaca que la República Dominicana ha mantenido un progreso continuo en este indicador, al pasar de 51 puntos en 2015 a 82 en 2025, su nivel más alto hasta la fecha. Este avance se atribuye, en gran medida, a los esfuerzos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en la mejora y ampliación de los documentos presupuestarios disponibles para la ciudadanía.
No obstante, el IBP recomienda fortalecer la divulgación de información sobre la ejecución presupuestaria, de modo que ciudadanos y organismos de control puedan verificar el uso de los recursos públicos, reducir riesgos de corrupción y aumentar la confianza institucional.
Participación ciudadana con margen de mejora
En cuanto a la participación pública, el país obtuvo 52 sobre 100, mejorando respecto a los 48 puntos registrados en 2023. El informe reconoce avances como la implementación de consejos de desarrollo y consultas públicas, pero señala la necesidad de integrar de manera más activa a comunidades subrepresentadas en el proceso presupuestario.
Asimismo, se recomienda al Congreso Nacional ampliar la participación ciudadana en audiencias sobre el presupuesto y los informes de auditoría, como mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Vigilancia institucional: nivel limitado
En el pilar de vigilancia, la República Dominicana obtuvo 56 puntos, una ligera mejora frente a la medición anterior, pero aún dentro de la categoría de vigilancia “limitada”. Este resultado refleja la necesidad de fortalecer tanto el control legislativo como los procesos de auditoría.
El IBP recomienda que el Congreso analice con mayor profundidad la política presupuestaria, publique informes de evaluación y dé seguimiento a la ejecución del presupuesto. También sugiere que la Cámara de Cuentas someta sus auditorías a revisiones independientes que garanticen su calidad y credibilidad.
El informe señala además que el país carece de una institución fiscal independiente, herramienta clave para aportar análisis técnico imparcial al debate presupuestario.
Transparencia como base del desarrollo
La Fundación Solidaridad resaltó que la transparencia presupuestaria no es un fin en sí mismo, sino una condición esencial para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la eficiencia del gasto público.
El documento concluye que una mayor apertura informativa permite a la sociedad civil y a los medios de comunicación ejercer un control más efectivo sobre la gestión pública, contribuyendo a prevenir la corrupción y a promover una administración orientada al bien común.
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