Las solicitudes recibidas por el Registro Inmobiliario aumentaron 82 % entre 2019 y 2025, mientras que la institución reportó un incremento de 83 % en su capacidad de procesamiento durante ese mismo período, informó su administrador general, Ricardo José Noboa Gañán.
Durante un encuentro institucional sobre la evolución y perspectivas del Registro Inmobiliario, Noboa Gañán presentó datos sobre el comportamiento de los servicios y explicó las medidas adoptadas para responder al aumento de la demanda y reducir los tiempos de respuesta.
De acuerdo con las cifras expuestas, el tiempo promedio de respuesta del Registro de Títulos pasó de 32.8 días hábiles en 2019 a 7.5 días o menos al cierre de 2025.
El funcionario agregó que algunas solicitudes de certificación realizadas a través del portal digital pueden ser recibidas en cuestión de horas.
En el caso de las Mensuras Catastrales, indicó que el tiempo de respuesta pasó de 17.6 días a 14.5 días. Al referirse a este servicio, defendió la necesidad de mantener controles técnicos debido a la complejidad de los proyectos inmobiliarios y de los históricos catastrales.
Un sistema con casi un siglo de reformas
Noboa Gañán explicó que el sistema inmobiliario dominicano tiene sus orígenes en 1920, cuando el país adoptó una adaptación del Sistema Torrens para responder a las dificultades relacionadas con la titularidad de los bienes inmuebles.
Posteriormente, se produjeron reformas, entre ellas la establecida mediante la Ley 1542 de 1947 y otra en 2005, legislación que, según explicó, continúa rigiendo el sistema inmobiliario.
El administrador general señaló que la Jurisdicción Inmobiliaria tiene una característica particular dentro del Poder Judicial, debido a que integra órganos jurisdiccionales y administrativos, entre ellos los Registros de Títulos y las Direcciones de Mensuras Catastrales.
Noboa Gañán planteó la importancia de que los actores del sector inmobiliario recurran a los órganos administrativos antes de que los conflictos lleguen a los tribunales.
“No vayan al registro en la última etapa”, exhortó durante su intervención, al señalar que la intervención temprana puede contribuir a prevenir conflictos y evitar procesos judiciales prolongados.
El funcionario sostuvo que los desarrolladores inmobiliarios deberían concentrarse en colocar activos y generar riqueza, en lugar de convertir los litigios en una práctica habitual de sus negocios.
En ese contexto, destacó la importancia que atribuye a la seguridad jurídica preventiva y citó al economista peruano Hernando de Soto y su obra El misterio del capital, para explicar la necesidad de que los activos puedan convertirse en capital productivo y movilizarse dentro de la economía.
Digitalización de los servicios
Otro de los cambios señalados por Noboa Gañán fue el proceso de digitalización de los servicios del Registro Inmobiliario.
Según explicó, en 2019 alrededor del 54 % de las operaciones se realizaban mediante plataformas digitales. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, el proceso de transformación digital se aceleró hasta alcanzar, según sus datos, la digitalización del 100 % de los servicios y plataformas de gestión.
Entre las herramientas desarrolladas mencionó una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, mediante la cual los usuarios pueden consultar expedientes, revisar requisitos y trámites, solicitar autorizaciones de mensura y acceder a servicios relacionados con certificaciones.
Noboa Gañán afirmó que la transformación digital busca reducir progresivamente los tiempos de respuesta, facilitar las operaciones inmobiliarias y aumentar la transparencia del sistema.
Mesas de trabajo con el sector inmobiliario
El administrador general también recordó que en 2019 el Poder Judicial abrió mesas de debate y retroalimentación con representantes del sector inmobiliario para identificar necesidades, expectativas y dificultades de los usuarios.
Según explicó, esos encuentros permitieron recopilar insumos para adaptar el sistema a las nuevas necesidades del mercado inmobiliario.
Noboa Gañán señaló que uno de los principales desafíos identificados en esas discusiones fue lo que denominó la “cultura del litigio”, en referencia a la recurrencia de conflictos que llegan a los tribunales y que, desde su perspectiva, pueden ser abordados mediante mecanismos de prevención y una intervención más temprana de los órganos administrativos.
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