La Red Hemisférica por los Derechos de los Migrantes Haitianos (Redma ) condenó las recientes medidas migratorias implementadas desde el 6 de abril de 2025 por el gobierno de República Dominicana, que afectan a migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.
Según Redma , estas medidas incluyen un nuevo protocolo en hospitales públicos para la identificación obligatoria de migrantes, la presencia de agentes de inmigración en 33 hospitales, y la detención de personas sin documentos legales, con especial enfoque en maternidades.
La organización reporta que estas acciones han provocado un aumento del 71 % en las deportaciones a Haití durante los primeros cuatro meses de 2025, con más de 119,000 personas repatriadas.
Redma también denunció que mujeres embarazadas y recién paridas están siendo detenidas y deportadas desde hospitales dominicanos, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus bebés.
La red documenta casos de bebés separados de sus madres durante las deportaciones, y señala la muerte de una mujer de 32 años, Lourdia Jean-Pierre, que evitó buscar atención médica por miedo a la detención.
La organización recordó que estas medidas no son nuevas, sino una reintroducción de políticas similares de los años 2021 y 2022, ya denunciadas por organismos internacionales y expertos en derechos humanos, y que violan normas del derecho internacional.
Además, Redma alerta sobre el desalojo forzado y la demolición de viviendas en comunidades de origen haitiano, como el barrio Mata Mosquito en Punta Cana, donde más de 500 personas fueron deportadas.
En paralelo, grupos ultranacionalistas han intensificado ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y la población haitiana.
La red exige al gobierno dominicano que detenga estas políticas, respete los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y proteja la vida y dignidad de las personas de ascendencia haitiana, especialmente mujeres y niños.
Finalmente, Redma hace un llamado a la comunidad internacional y a los movimientos por la justicia racial para condenar esta campaña de terror racial disfrazada de política migratoria y advierte sobre un sistema de apartheid cada vez más arraigado en República Dominicana.
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