La defensa del empresario Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado en la operación Nido, recusó al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción, alegando falta de imparcialidad en la conducción del proceso judicial.

Emery Rodríguez, representante legal de Rivera Ledesma, explicó que en agosto de 2024 presentaron una solicitud para realizar un contra peritaje a los informes financieros aportados por el Ministerio Público. Sin embargo, la solicitud fue declarada “inadmisible” por el magistrado Mejía.

El órgano persecutor depositó un informe financiero en la solicitud de medida de coerción, y nosotros como defensa necesitamos realizar un contra peritaje a esa prueba documental, específicamente la número 33, argumentó Rodríguez.

Será la Corte del Distrito Nacional quien decida si el juez Mejía seguirá a cargo del proceso o no por lo que se espera que en los próximos días emita su decisión, por lo que la audiencia preliminar está programada tentativamente para el 17 de febrero a las 9:00 a.m.

Este sería el segundo intento de llevar a cabo la audiencia preliminar. El primer aplazamiento ocurrió el 11 de noviembre de 2024, cuando el tribunal decidió posponerla para permitir que las defensas conocieran las acusaciones alternas presentadas por los querellantes y prepararan sus escritos de defensa. Asimismo, se buscaba garantizar que los querellantes recibieran las notificaciones formales de las acusaciones para presentar observaciones correspondientes.

El Ministerio Público ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a 144 víctimas en Estados Unidos y República Dominicana, a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En este proceso judicial además de Emmanuel Rivera Ledesma, figuran como imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López. Las empresas involucradas en el caso son INDISARQ S.R.L. y CRD Equipos Pesados S.R.L.