El Primer Juzgado de Instrucción aplazó para el 20 de enero el inicio de la audiencia preliminar en contra de 11 personas físicas y dos entidades jurídicas, vinculadas a una red que presuntamente estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, un esquema delictivo desmantelado mediante la denominada Operación Nido.
La decisión del tribunal busca permitir que las defensas tomen conocimiento de las acusaciones alternas presentadas por los querellantes y puedan preparar sus escritos de defensa.
Además, procura que los querellantes reciban la notificación formal de las acusaciones para realizar las debidas observaciones al respecto.
La llamada Operación Nido tiene como principales imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López. Las empresas involucradas en el caso son INDISARQ S.R.L. y CRD Equipos Pesados S.R.L.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales Magalys Sánchez, Laura Vargas y Andrés Mena, solicitó al tribunal declarar en rebeldía a los acusados Franklin Benjamín Martínez Jokson y Wilton Manuel Peralta Brito, quienes no se presentaron a la citación.
La solicitud fue acogida por el tribunal, dejando constancia del incumplimiento de los acusados ante el llamado judicial.
El Ministerio Público ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a 144 víctimas en Estados Unidos y República Dominicana, a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
El pasado 7 de noviembre, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional otorgó libertad condicional a Eduardo Rivera Pichardo, hijo del empresario Enmanuel Rivera Ledesma, ambos imputados en una supuesta estafa inmobiliaria.
La decisión de la Corte consistió en modificar la medida de coerción contra Rivera Pichardo, imponiéndole presentación periódica, una garantía económica de RD$ 5 millones y la prohibición de salir del país.