La audiencia de medida de coerción del denominado caso Senasa 2.0 continuará este domingo a las 7:00 p.m., luego de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispusiera un nuevo receso tras otra extensa jornada de debates.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó variar la medida de coerción inicialmente planteada contra varios imputados, en atención a las posiciones asumidas por algunos de ellos dentro del proceso.
La petición se produce después de que representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) confirmaran que varios de los encartados han admitido hechos atribuidos en el expediente y que algunos se encuentran en conversaciones con el órgano persecutor.
MP había pedido prisión preventiva para todos
En su solicitud inicial, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia, el órgano acusador dejó abierta la posibilidad de modificar la medida solicitada para determinados procesados, dependiendo de su nivel de colaboración y de los acuerdos que puedan alcanzarse.
La Pepca había informado previamente que 10 imputados admitieron hechos que les atribuye la investigación, mientras otros han rechazado las acusaciones o presentado versiones distintas.
Audiencia acumula varias jornadas
El conocimiento de la coerción se ha extendido durante varios días debido a la cantidad de imputados, abogados defensores y elementos incluidos en el expediente.
Durante las jornadas anteriores, las defensas han presentado arraigos y argumentos para oponerse a la prisión preventiva, mientras el Ministerio Público ha defendido la gravedad de las imputaciones y la necesidad de imponer medidas que garanticen la continuidad de la investigación.
El expediente vincula a médicos, exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otras personas con un supuesto esquema de autorizaciones y facturaciones por servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
Presunto fraude supera los RD$41 millones
La investigación atribuye al grupo la generación de 4,363 autorizaciones relacionadas con consultas y procedimientos médicos por un monto superior a RD$41 millones.
Según la tesis del Ministerio Público, el mecanismo habría utilizado datos de afiliados para generar autorizaciones, procesar reclamaciones y obtener pagos de la ARS estatal.
La continuación de la audiencia este domingo permitirá agotar las intervenciones pendientes y acercar el proceso a la decisión del tribunal sobre las medidas que serán impuestas a cada uno de los imputados.
Compartir esta nota