Diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana realizaron una rueda de prensa para urgir al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a convocar de manera inmediata el proceso de evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El reclamo se produce luego de que el pasado 4 de abril de 2026 venciera el período constitucional de siete años para el que fueron designados once de los diecisiete magistrados del alto tribunal, incluyendo a su presidente, Luis Henry Molina. El proceso está establecido en el artículo 181 de la Constitución de la República Dominicana y es considerado una obligación ineludible del Estado.
Las organizaciones señalaron que la falta de convocatoria mantiene un escenario de incertidumbre institucional que debilita la confianza pública en el sistema de justicia y pone en riesgo la independencia judicial.
¿Qué riesgos institucionales genera la demora en la evaluación de la Suprema Corte?
Las organizaciones advirtieron que prolongar la situación sin una convocatoria formal del CNM tiene consecuencias directas sobre la institucionalidad del país. Entre los riesgos señalados se destacan:
- Debilitamiento de la independencia judicial, al mantener a los magistrados en una situación de indefinición respecto a su continuidad.
- Erosión de la credibilidad institucional del sistema de justicia ante la ciudadanía.
- Incertidumbre jurídica sobre la legitimidad de las decisiones que emita la SCJ mientras persista la demora.
El llamado se suma al de otros actores que ya se habían pronunciado en semanas previas. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) llegó incluso a depositar una instancia de puesta en mora contra el CNM por no haber iniciado el proceso dentro del plazo constitucional. Por su parte, legisladores de distintas bancadas también coincidieron en la urgencia de avanzar con la evaluación.
Evaluaciones anteriores del CNM
Uno de los puntos más críticos de la rueda de prensa fue la denuncia sobre las condiciones en que se han desarrollado evaluaciones anteriores del CNM. Las organizaciones señalaron que esos procesos han estado marcados por:
- Falta de transparencia en los criterios de evaluación aplicados.
- Uso de parámetros subjetivos que no permiten una valoración objetiva del desempeño judicial.
- Posibles prácticas discriminatorias, especialmente en perjuicio de mujeres en la judicatura.
Estas situaciones, indicaron, han generado tal nivel de desconfianza que algunos magistrados han llegado a considerar no someterse al proceso de evaluación.
La preocupación por la equidad de género en el proceso no es menor: la composición de la SCJ y la forma en que históricamente se han renovado sus integrantes han sido señaladas como espacios donde la paridad sigue siendo una deuda pendiente.
El llamado a Abinader: evaluación con criterios claros, objetivos y con perspectiva de género
Las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader, en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura, para que inicie formalmente el proceso de evaluación bajo las siguientes condiciones:
- Criterios claros, objetivos y verificables que permitan una evaluación basada en el mérito y el desempeño.
- Respeto al debido proceso para todos los magistrados sometidos a evaluación.
- Equidad de género como principio transversal del proceso de selección y ratificación.
El CNM está integrado, además del presidente de la República, por el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la SCJ, el procurador general de la República y un representante del Colegio de Abogados.
¿Qué dice la Constitución sobre la evaluación de los jueces de la Suprema Corte?
El artículo 181 de la Constitución dominicana establece que los jueces de la SCJ son designados por un período de siete años y deben ser sometidos a evaluación de desempeño al término de ese período. El CNM tiene la facultad de ratificarlos o sustituirlos. La convocatoria del CNM es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, lo que coloca al presidente Abinader como el actor clave para destrabar el proceso.
Once de los diecisiete jueces de la SCJ completaron su primer período el 4 de abril, mientras que otros tres —Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez— acumulan ya 14 años en el alto tribunal tras completar dos períodos consecutivos.
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