La procuradora de corte Mirna Ortiz calificó como legítima la preocupación externada por Participación Ciudadana (PC) sobre la lentitud en que se deciden los grandes casos de corrupción administrativa en los tribunales, al tiempo que consideró que el sistema de justicia debe avanzar utilizando las herramientas del Código Procesal Penal, ya que la sociedad necesita una solución a estos procesos.
“Desde nuestra perspectiva, lo que Participación Ciudadana tiene es un cuestionamiento legítimo al retraso que ha tenido este tribunal en sede judicial”, expresó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) durante un receso de la audiencia que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El pronunciamiento se produce tras la publicación del octavo informe de Participación Ciudadana sobre el seguimiento a los casos de corrupción, centrado en el proceso contra Jean Alain Rodríguez y compartes, en el que se advierte sobre las reiteradas dilaciones en el conocimiento del juicio de fondo.
Ortiz sostuvo que las defensas de los imputados han recurrido de forma constante a la presentación de incidentes, muchos de ellos ya conocidos y rechazados en la fase preliminar, lo que ha retrasado el avance del proceso.
“Entendemos que el sistema de justicia tiene que tomar de la mano las herramientas que el nuevo Código Procesal Penal les da y avanzar definitivamente con los casos porque el pueblo necesita una solución de los procesos”, subrayó.
La procuradora también consideró que el tribunal ha sido “garantista en extremo”, señalando que algunos incidentes pudieron resolverse sin necesidad de prolongar las audiencias.
Respecto a la posibilidad de extinción del proceso, afirmó que no procede, al tiempo que insistió en que las defensas deben enfrentar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Vamos de una vez y por todas a enfrentarnos a las pruebas y a tener la decisión que este caso amerita”, manifestó, reiterando su confianza en que se obtendrán sentencias condenatorias.
El caso de Jean Alain Rodríguez
El expediente establece que el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez habría dirigido un entramado de corrupción durante su gestión entre 2016 y 2020, mediante el cual presuntamente se malversaron más de RD$6,000 millones a través de procesos fraudulentos.
Junto a Rodríguez Sánchez, el caso involucra a varios imputados que enfrentan cargos por soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, tras ser sometidos a la justicia en julio de 2021.
El juicio fue recesado por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo hasta el próximo lunes 20 de abril, a las 9:00 de la mañana.
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