La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó que las recientes reformas legales en el país representan un avance significativo para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción administrativa.
Al dictar la charla “Protegiendo lo nuestro con integridad” en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Reynoso sostuvo que la corrupción constituye una grave violación a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo de la sociedad.
Durante su intervención, resaltó los avances en legislaciones clave como la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio, las cuales afirmó fortalecen la persecución del delito y la eficiencia en la administración pública.
"Es muy importante entender que la corrupción es un grave acto que lesiona los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad", expresó.
La procuradora explicó el impacto directo de la corrupción con ejemplos concretos, señalando que permitir el ingreso irregular de mercancías como armas puede derivar en hechos violentos que afectan a la ciudadanía.
Asimismo, subrayó que estas prácticas afectan la dignidad humana, limitan el acceso a servicios esenciales como la salud y debilitan la democracia.
Reynoso destacó que el año 2025 marcó un hito en materia legislativa, especialmente con la modernización del Código Penal, cuya versión anterior databa de 1884, lo que impedía abordar delitos contemporáneos como los tecnológicos.
En la actividad también participó el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien resaltó la importancia de la ética y la transparencia como pilares del servicio público.
La iniciativa forma parte del programa impulsado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezado por Milagros Ortiz Bosch, orientado a promover una mayor conciencia sobre la integridad en el ejercicio de la función pública.
La corrupción causa un impacto negativo transversal en la sociedad y compromete el futuro del país, concluyó Reynoso al reiterar que el patrimonio público pertenece a todos los ciudadanos y debe ser protegido colectivamente.
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