Un tribunal de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre que ocasionó un accidente en el que fallecieron dos personas el pasado 21 de enero en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Natacha Mercedes Rosario, logró la imposición de la medida en contra de Anthony Acevedo del Orbe tras presentar al juzgado suficientes elementos de prueba que lo vinculan con el accidente que provocó al conducir de forma temeraria con exceso de velocidad.
El tribunal determinó que el procesado deberá cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a las disposiciones de los artículos 210. l, 220, 291.3 y 303.5 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
El expediente indica que el pasado 21 de enero, siendo aproximadamente las 8:30 de la noche, el imputado transitaba de forma temeraria, imprudente y descuidada por la autopista del Nordeste, próximo a una estación de combustible cercana al cruce de Jobo Grande, en un vehículo tipo jeep, impactando el automóvil donde se desplazaban los señores Randy Antonio Villar Cepeda y Gisel Bonet Agramonte, quienes fallecieron a causa del accidente.
Detalla que el imputado conducía, sin licencia de conducir, un vehículo marca Chevrolet, modelo Tahoe LS de color negro, año 2019, placa G754906. Asimismo, que Del Orbe se encontraba en estado de embriaguez al momento de su detención.
De igual forma, señala que el señor Cepeda murió por lesiones de politraumatismo, trauma craneoencefálico severo, trauma cerrado de torso abdominal y fractura del fémur derecho, mientras que la señora Agramonte falleció de politraumatismo severo, según muestran las actas de levantamiento de cadáver No. 719427 y No. 778460 emitidas por el doctor Jonathan Severino Ortega, médico legista del Distrito Judicial Monte Plata.
Veinte años de prisión para hombre implicado en robo con violencia
El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional integrado por las juezas Keyla Pérez Santana y Arisleyda Méndez Batista, así como por el juez Elías Santini, condenó a 20 años de prisión a uno de los implicados en un robo con violencia y tentativa de asesinato, en perjuicio de un comerciante de una casa de cambio ubicada en la zona colonial del Distrito Nacional.
Misael Martínez Contreras (Misael) fue condenado por las pruebas aportadas por el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Julia Laury Vásquez.
El tribunal dispuso que el procesado cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2024, alrededor de la 1:45 de la tarde, en la calle Duarte esquina El Conde, cuando varios individuos atacaron a la víctima mientras se encontraba laborando en un negocio de cambio de divisas.
La investigación establece que la víctima recibió múltiples golpes en la cabeza con un ladrillo, lo que le ocasionó heridas de extrema gravedad, que provocaron su ingreso por más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro de salud privado de la capital.
Tras cometer la agresión, los imputados sustrajeron el disco duro del sistema de cámaras de seguridad del establecimiento, así como una suma millonaria de dinero en efectivo.
Como resultado de las labores investigativas, el Ministerio Público logró identificar y arrestar al hoy condenado el 3 de enero de 2025, confiscándole un arma de fuego que portaba de manera ilegal.
El tribunal declaró culpable a Martínez Contreras de asociación de malhechores, tentativa de asesinato, robo agravado y porte ilegal de arma de fuego, lo que constituye una violación a los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297, 302, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66, 67 y 69 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En el mismo proceso fueron sometidos otros imputados conforme a su grado de participación en los hechos. Asimismo, un adolescente de 15 años fue judicializado ante la jurisdicción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 136-03, sobre Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Compartir esta nota