El Poder Ejecutivo dispuso la extradición al Reino de España del ciudadano español Jonathan Vera Pozo, requerido por la justicia de ese país para responder por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
La entrega fue autorizada mediante el Decreto núm. 795-26, en respuesta a una solicitud de extradición para enjuiciamiento emitida por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid, en el marco de las diligencias previas núm. 7/2026.
Según el decreto, Vera Pozo es requerido por presuntas infracciones de varios artículos del Código Penal español, aunque la disposición del Poder Ejecutivo no detalla los hechos que se le atribuyen ni las circunstancias de la investigación.
El documento fue firmado por la vicepresidenta Raquel Peña, en su condición de encargada del Poder Ejecutivo.
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