El Ministerio Público solicitó hoy un año de prisión preventiva contra diez personas señaladas como integrantes de una supuesta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos desde territorio dominicano.
Además, pidió que el caso sea declarado complejo debido al número de imputados, víctimas y delitos investigados.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia, como parte del proceso derivado de la denominada Operación XL526, desarrollada el pasado martes mediante una serie de allanamientos simultáneos.
Entre los imputados para quienes se requiere prisión preventiva figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte, identificados por los investigadores como presuntos cabecillas de la organización.
La medida también alcanza a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Estructura con operaciones internacionales
De acuerdo con la acusación preliminar, la organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, y presuntamente se dedicaba a captar víctimas mediante anuncios publicitarios difundidos por medios digitales.
Amenazas atribuidas a falsos carteles criminales
Según la investigación, los sospechosos utilizaban el idioma inglés y diversas herramientas tecnológicas para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por integrantes de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado Cartel de Sinaloa.
El esquema consistía en intimidar a las personas mediante mensajes amenazantes y el envío de imágenes violentas, con el objetivo de exigir pagos bajo presión. Hasta el momento, las autoridades han identificado al menos 18 presuntas víctimas.
Seguimiento a transferencias y uso de criptomonedas
Las pesquisas también se concentran en el recorrido del dinero obtenido mediante las supuestas extorsiones. El expediente señala que los fondos eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos realizados mediante remesadoras y otras plataformas de pago.
El Ministerio Público sostiene que estos mecanismos habrían sido utilizados para ocultar el origen de los recursos y dar apariencia de legalidad a los capitales obtenidos ilícitamente, una práctica que sustenta la investigación por lavado de activos.
Más de veinte allanamientos
La Operación XL526 involucró a 35 fiscales que ejecutaron 28 allanamientos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional y organismos de cooperación internacional vinculados a la investigación de delitos transnacionales.
Además de los diez imputados incluidos en la solicitud de coerción, otras personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta red.
Un caso que podría extenderse durante meses
La petición de declarar el proceso como complejo permitiría a los investigadores disponer de un plazo mayor para profundizar las pesquisas y recopilar evidencias.
La legislación dominicana contempla esta figura cuando concurren múltiples imputados, numerosas víctimas o delitos de especial gravedad y complejidad operativa.
La audiencia para conocer la medida de coerción será fijada por la jurisdicción de Atención Permanente de Santiago.
Las autoridades dominicanas han incrementado en los últimos años las investigaciones sobre estructuras dedicadas a fraudes electrónicos, extorsiones y delitos cibernéticos dirigidos contra víctimas en el extranjero.
Estos esquemas suelen aprovechar plataformas digitales, aplicaciones de mensajería y mecanismos de transferencia internacional para dificultar el rastreo de los fondos y la identificación de los responsables.
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