El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos hombres adultos y el envío a un centro de rehabilitación de tres adolescentes detenidos por rociar una sustancia inflamable y prenderle fuego a un gato al que ocasionaron quemaduras graves, en un hecho ocurrido en el sector El Majagual, de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.
Los adultos serán sometidos a la jurisdicción ordinaria, mientras que los tres menores enfrentarán medidas cautelares ante el tribunal de niños, niñas y adolescentes.
Todos enfrentan cargos por violar la Ley 248-12 de Protección Animal tras rociar con gasolina y prenderle fuego a un gato en el sector El Majagual, de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, caso que estalló en redes sociales meses después de ocurrido.
Este jueves el caso llegó a los tribunales con una solicitud formal de prisión preventiva solicitada por los fiscales.
Cinco imputados, dos jurisdicciones
La Fiscalía depositó la instancia con la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.
Los imputados son Dariel Guzmán Silva, de 23 años, y Obie Jiménez Zabala, de 21, quienes serán procesados en la jurisdicción ordinaria.
Los otros tres, menores de 16 años, comparecerán ante el tribunal de niños, niñas y adolescentes, donde se solicitará la imposición de medidas cautelares.
La enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público, Roxanna Reyes Acosta, confirmó que los cinco imputados permanecen bajo custodia y serán presentados ante los tribunales correspondientes. La investigación está a cargo de la fiscal Iluminada Gómez, de la Fiscalía Comunitaria de Sabana Perdida.
Los artículos violados
Los cinco imputados son acusados de infringir los artículos 17, 18, 19, 60.9 y 61.15 de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable que tipifican y sancionan la crueldad animal con penas de hasta seis meses de prisión y multas.
La normativa, vigente desde 2012, reconoce que los animales sienten y padecen, y establece obligaciones concretas para el Estado y los ciudadanos.
Del video viral al arresto
El hecho ocurrió a finales de 2025, pero fue la circulación de un video en redes sociales lo que detonó la reacción institucional.
En las imágenes —que forman parte del expediente judicial— se observa cómo los implicados rocían al animal con una sustancia inflamable, presumiblemente gasolina, y le prenden fuego.
Tras la viralización del material, agentes del Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Preventiva, procedieron a los arrestos. El operativo fue coordinado con la enlace nacional de Protección Animal del Ministerio Público.
Una respuesta institucional que tardó meses
El desfase entre el momento del hecho —finales de 2025— y la judicialización —abril de 2026— plantea interrogantes sobre la capacidad de detección temprana del sistema.
Fue la presión de las redes sociales, y no los mecanismos institucionales de denuncia, lo que activó la respuesta del Estado.
Este patrón no es nuevo: en la República Dominicana, la aplicación efectiva de la Ley 248-12 ha dependido históricamente más de la viralización de casos que de una fiscalización proactiva.
Contexto: una ley con dientes, pero con brechas
La Ley 248-12, promulgada hace más de una década, es considerada un avance normativo en la región. Sin embargo, organizaciones de protección animal y operadores jurídicos han señalado de forma reiterada que su implementación es irregular.
El caso de Sabana Perdida llega en un momento en que la Brigada de Protección Animal ha intensificado su labor en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional, DICRIM y otras entidades del Estado, en respuesta a un aumento en las denuncias de maltrato y abandono animal en el Gran Santo Domingo.
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