La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó penas de hasta 10 años de prisión contra integrantes de una red de fiscales que borró y alteró antecedentes penales a cambio de sobornos.
Los acusados de la Operación Gavilán modificaron registros de más de 16,900 de personas en la base de datos del Ministerio Público, beneficiando a "sicarios, narcotraficantes, violadores y condenados a penas de hasta 30 años", según el ministerio.
El órgano acusador, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, presentó pruebas digitales, testimoniales, documentales, materiales, audiovisuales y periciales para demostrar la responsabilidad penal de los acusados.
El Ministerio Público pidió penas de 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos para Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño.
Para Mártires Rosario Reyes, solicitó siete años de prisión, combinando prisión domiciliaria y suspensión, y multa de cinco salarios mínimos, mientras que Alfredo Mirambeaux enfrenta ocho años, Rubén Darío Morbán seis y Domingo Julio Santana cinco, todos bajo modalidad de prisión domiciliaria y suspensión.
Luis Alfredo Astacio Polanco también enfrenta seis años de prisión y multa de cinco salarios mínimos tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y admitir los hechos en tribunal.
El Ministerio Público solicitó además la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology y el decomiso de todas las evidencias materiales, instrumentos y productos de los delitos.
Se pidió la aplicación de un criterio de oportunidad para Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, considerando que el caso corresponde a criminalidad organizada y tramitación compleja.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, se reservaron el fallo para el jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público solicitó que los acusados sean declarados culpables de múltiples violaciones legales del Código Penal Dominicano, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 53-07 de Crímenes de Alta Tecnología, la Ley 631-16 sobre armas y la Ley 448-06 sobre Soborno, entre otros.
La empresa Nexcon Tecnology enfrenta cargos por violación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
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