Francisco Roa, propietario de una vivienda próxima al proyecto habitacional Balcones del Cerro, denunció que su propiedad se encuentra en peligro de derrumbarse, como consecuencia de los trabajos de construcción que realiza la empresa Danny Santos Comprés  S.R.L., los cuales habrían provocado el deterioro progresivo de una pared perimetral que amenaza con colapsar.

Roa aseguró que lleva tres años denunciando la situación ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin obtener respuesta efectiva.

Si esa pared se cae, no voy a llamar a nadie. Lo voy a resolver como hombre.

Francisco Roa.

De acuerdo con sus declaraciones, la zona intervenida era un área boscosa y los trabajos incluyeron relleno con decenas de camiones de material, lo que habría generado presión sobre su terreno. También denunció que, pese a querellas y procesos depositados hace varios meses, las autoridades no han actuado mientras el proyecto continúa avanzando.

¿Qué denuncian las asociaciones?

Las asociaciones de Vecinos de Cuesta Brava, Arroyo Manzano, Buena Vista, San Francisco de Asís V, San Sebastián VIII, IX y X denuncian la inacción de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente para aplicar las leyes ambientales en lo que resta del Cinturón Verde de Santo Domingo, pese a la existencia de un informe de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que sugiere revocar el permiso de construcción otorgado a un exviceministro de Viviendas debido a supuestas falsedades presentadas en la Declaración de Impacto Ambiental para que el Ministerio de Medio Ambiente otorgara autorización.

El informe advierte que los impactos generados son “críticos y difícilmente reversibles”, señalando una supuesta alteración topográfica de hasta 30 metros de altura, deforestación extensiva en unos 62 mil metros cuadrados y la destrucción de funciones ecológicas clave en la zona del arroyo Manzano.

También denunciaron inconsistencias graves en la declaración de impacto ambiental (DIA), incluyendo una descripción geológica que según la asociación corresponde al terreno intervenido y la omisión del arroyo Manzano como cuerpo de agua más cercano, mencionando en su lugar el río Nigua.

Los comunitarios sostienen que, pese a querellas y evidencias depositadas hace meses, incluyendo denuncias por tala sin autorización y el derrumbe parcial de una loma, las autoridades no han actuado, mientras ya fue levantado el primero de los 21 edificios proyectados.

Aunque dicha asociación asegura que no se oponen a un desarrollo habitacional, exigen que cualquier construcción en la zona cumpla estrictamente con las normas ambientales y respete el régimen de protección del Cinturón Verde.