La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, afirmó este lunes que las declaraciones que ofreció sobre la investigación realizada en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) no modifican ni contradicen el contenido del informe oficial elaborado por ese organismo, luego de que sus comentarios en el programa El Gobierno de la Tarde, de la Z101, generaran cuestionamientos sobre el alcance de las conclusiones de la pesquisa.
Durante su participación en el espacio radial, Ortiz Bosch expresó que no creía que el exrector del ITLA, Rafael Féliz García, hubiera estado implicado directamente en las irregularidades denunciadas, al tiempo que insistió en que corresponde a los órganos competentes determinar responsabilidades. Sus declaraciones contrastaron con el informe de la DIGEIG, que recomendó la apertura de procesos disciplinarios contra Féliz y Winston Paulino por presuntas faltas administrativas.
Ante la controversia, la funcionaria sostuvo que sus declaraciones se fundamentan en el informe de la institución y recordó que corresponde al Ministerio de Administración Pública (MAP) o a la Procuraduría General de la República establecer responsabilidades, respetando el principio de presunción de inocencia.
"Un funcionario público habla por los resultados. Mis declaraciones son apegadas a un informe, ya que juzgar es una competencia del Ministerio de la Administración Pública o la Procuraduría General y, mientras no hay juicio, siempre hay presunción de inocencia", expresó.
La investigación de la DIGEIG no se limitó al exrector del ITLA. El documento identifica a Winston Paulino, director de Gabinete de la institución, como el "principal impulsor" de las prácticas investigadas y señala que este admitió ante la comisión haber sido una de las personas clave en la implementación del mecanismo, con conocimiento de la máxima autoridad del centro.
Con base en esos hallazgos, la DIGEIG recomendó remitir el expediente al Ministerio de Administración Pública para que inicie procesos disciplinarios contra Rafael Féliz García y Winston Paulino, además de adoptar medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan, informar a la Presidencia de la República sobre los resultados de la investigación y notificar formalmente a los implicados.
El caso salió a la luz a principios de año tras denuncias sobre presuntos descuentos salariales destinados a financiar actividades políticas dentro del ITLA. Posteriormente, el presidente Luis Abinader destituyó a Rafael Féliz mediante el Decreto 39-26, mientras la investigación administrativa continuó en la DIGEIG.
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