La investigación de la denominada Operación Lobo continúa sin concluir su fase de recopilación de pruebas, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera una nueva prórroga para avanzar en las diligencias relacionadas con el presunto entramado de corrupción que involucra a varias instituciones públicas.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este viernes en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por la jueza Yanibet Rivas, quien acogió la solicitud del órgano acusador y otorgó cuatro meses adicionales para continuar las investigaciones.
La magistrada fijó para el próximo 14 de junio la fecha límite para que el Ministerio Público concluya las pesquisas, mientras que la lectura íntegra de la decisión fue pautada para el 9 de junio a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la fiscal Mirna Ortiz explicó que todavía existen auditorías forenses y documentos pendientes de entrega por parte de varias instituciones, situación que, según afirmó, ha impedido completar el proceso investigativo pese a los ocho meses adicionales concedidos anteriormente.
Ortiz indicó que el Ministerio Público depositó ante el tribunal certificaciones y oficios que evidencian las gestiones realizadas y la falta de respuesta de entidades como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
Según detalló, al Inacif se le solicitaron auditorías forenses vinculadas al caso y la institución respondió que los análisis aún no concluyen debido a la complejidad de las evaluaciones requeridas.
Asimismo, el órgano persecutor informó que mantiene solicitudes activas ante la Cámara de Cuentas y la Contraloría relacionadas con investigaciones especiales sobre procesos de compras y contrataciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), correspondientes al período 2021-2024.
“Estamos presentando ante este tribunal una serie de certificaciones y oficios que sustentan la complejidad de la investigación en curso”, manifestó la fiscal Mirna Ortiz.
La petición de prórroga fue rechazada por varias barras de la defensa, cuyos representantes alegaron que el Ministerio Público no agotó las diligencias dentro del plazo previamente otorgado.
Uno de los abogados cuestionó que el órgano acusador continúe solicitando más tiempo luego de haber afirmado anteriormente que contaba con una investigación “blindada”.
No obstante, otras defensas no se opusieron a la extensión, aunque pidieron al tribunal garantizar que el nuevo plazo no afecte los derechos de los imputados.
Expediente del caso
De acuerdo con el expediente, los acusados integraban una estructura que presuntamente utilizaba sobornos para obtener y mantener contratos con instituciones estatales, afectando entidades como el INAIPI, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Entre los implicados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Elías Camaño Pérez, señalados como presuntos receptores de pagos sin justificación contractual.
El Ministerio Público sostiene además que la empresa investigada Senasa habría transferido más de RD$ 15 millones en sobornos a funcionarios de Edesur mediante cheques y transferencias electrónicas.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, en presunta violación del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación derivó en un amplio operativo que incluyó 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional. El Ministerio Público también solicita prisión preventiva y que el proceso sea declarado como caso complejo.
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