El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, consideró necesario reconsiderar la normativa que limita a solo dos años la validez de la licencia de conducir para las personas mayores de 65 años, al entender que la medida debe tomar en cuenta las capacidades reales de cada ciudadano y no únicamente su edad.
A través de su cuenta en la red social X, el religioso afirmó que los adultos mayores “merecen ser tratados con dignidad y en función de sus verdaderas capacidades”, al señalar que existen hombres y mujeres de más de 65 años que se encuentran en “excelentes condiciones físicas y mentales, incluso en mejor estado que muchos jóvenes”,.
Castro Marte sostuvo que, precisamente para determinar las aptitudes de los conductores al momento de renovar la licencia, se realizan evaluaciones médicas y psicológicas, por lo que entiende que esos criterios deben prevalecer sobre un límite establecido únicamente por edad.
La opinión de Castro Marte sucede luego de que el magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, cuestionó la política de renovación de licencias de conducir aplicada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al considerar que limita los derechos de las personas mayores y vulnera el principio constitucional de igualdad.
A través de una publicación en su cuenta personal de X, el juez relató que acudió a renovar su licencia de conducir y le informaron que, por tener más de 65 años, solo podía obtener una renovación por dos años, en lugar de cuatro, debido a posibles afecciones de salud asociadas a la edad.
Vargas afirmó que la medida le generó frustración al entender que “no todos somos iguales ante la ley”, en referencia al Artículo 39 de la Constitución dominicana, que prohíbe la discriminación por motivos de edad.
“El Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino que tiene un deber positivo de protección reforzada hacia las personas mayores”, expresó el magistrado, citando criterios reiterados del Tribunal Constitucional.
Asimismo, sostuvo que “la edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad” y advirtió que discriminar por edad “barre la dignidad de los envejecientes”.
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