El Movimiento Reconocido se presentó este lunes 25 de agosto frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE) para exigir la entrega inmediata de documentos de identidad a las personas beneficiarias de la Ley 169-14.
La organización sostuvo que las trabas y demoras administrativas constituyen actos de discriminación que afectan a miles de ciudadanos nacidos y criados en el país.
Según el colectivo, la falta de documentación restringe el acceso a derechos fundamentales y expone a las personas a operativos migratorios, detenciones arbitrarias, extorsiones y expulsiones ilegales.
Durante la protesta, el movimiento citó casos emblemáticos, entre ellos la detención de Jessica Lucien Joseph con su bebé pese a presentar acreditaciones de nacionalidad, la expulsión ilegal de su hermana Daniela por la frontera de Elías Piña, la detención de Lina Pie Lima en el peaje de Las Américas y la expulsión forzosa de Brenda Luis tras seis días recluida en el Centro Vacacional de Haina.
El colectivo afirmó que estos episodios forman parte de una política institucional que, según sus representantes, criminaliza a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana por su color de piel y origen familiar.
A once años de la promulgación de la Ley 169-14, el movimiento indicó que aproximadamente 26,000 personas del Grupo A han recuperado su cédula, mientras más de 34,000 continúan sin documentación.
En cuanto al Grupo B, denunciaron que ningún beneficiario ha recibido su documento, pese a decretos presidenciales de 2020 y 2021 que naturalizaron a 799 personas y a órdenes del Tribunal Constitucional que, según el movimiento, no se han cumplido.
Pliego de demandas
El Movimiento Reconocido presentó un pliego de demandas a la JCE que incluye la entrega inmediata de documentos, el cumplimiento de decretos presidenciales, la eliminación de requisitos arbitrarios, la implementación de un mecanismo transparente para la restitución de la nacionalidad, facilidades para el registro de hijos, capacitación del personal y la suspensión de transcripciones y nulidades que afectan a los beneficiarios.
En su mensaje final el colectivo subrayó que la nacionalidad es un derecho constitucional y reclamó que el reconocimiento de ese derecho debe concretarse sin más dilaciones.
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