El Movimiento Reconocido denunció la detención arbitraria y expulsión ilegal de Brenda Luis, una joven dominicana de ascendencia haitiana, junto a sus tres hijos menores de edad, todos nacidos en República Dominicana.
Según la organización, el 6 de junio a las 2:00 a. m., agentes de la Dirección General de Migración habrían irrumpido sin orden judicial en la vivienda de la familia, ubicada en Baraguana, Imbert, Puerto Plata, y procedido con la detención.
El Movimiento indicó que Brenda y sus hijos fueron trasladados al Centro Vacacional de Haina, donde permanecieron encerrados durante seis días en condiciones que calificó como “inhumanas”, sin acceso adecuado a agua potable, alimentos ni atención médica.
De acuerdo con el comunicado, el 12 de junio la familia fue expulsada forzosamente hacia Haití, un país que —según el Movimiento— no conocen, lo que constituiría una grave violación al derecho a la nacionalidad y al principio de no devolución establecido en tratados internacionales.
El Movimiento afirmó que actualmente la familia permanece varada en Haití, sin redes de apoyo y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La organización señaló que los niños presentan problemas de salud, incluyendo llagas y erupciones cutáneas, y no han podido recibir atención médica por falta de recursos y de acceso a servicios básicos.
En el comunicado, el Movimiento sostuvo que este caso no es aislado, sino una muestra de las consecuencias directas de la Sentencia 168-13 y de la implementación incompleta de la Ley 169-14, la cual, afirmó, debía restituir derechos a personas afectadas, pero quedó atrapada en un “limbo administrativo”.
El Movimiento explicó que la madre de Brenda, Yelissa Luis Belize, fue beneficiaria de la Ley 169-14, pero enfrenta “obstáculos burocráticos” para renovar su cédula, lo que le impide declarar a su hija y nietos, perpetuando una situación de apatridia y exclusión jurídica.
Asimismo, denunció el “desmantelamiento de mecanismos institucionales” que anteriormente ofrecían respuestas parciales a esta población, lo que, a su juicio, ha dejado a cientos de familias sin vías claras para acceder a documentación, nacionalidad o protección legal frente a detenciones y expulsiones.
La organización advirtió que este caso forma parte de una supuesta política de “expulsiones masivas, perfilamiento racial y discriminación”, llevada a cabo por la Dirección General de Migración con el aval del Estado dominicano, sin distinguir entre personas migrantes y dominicanas de ascendencia haitiana.
Ante la situación, el Movimiento exigió el retorno inmediato de Brenda Luis y sus hijos, el reconocimiento pleno e inmediato del derecho a la nacionalidad de todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la Sentencia 168-13, y una investigación independiente sobre los hechos denunciados.
También solicitó una solución administrativa urgente para que Yelissa Luis Belize pueda renovar su documentación y declarar legalmente a su hija y nietos, así como la reapertura y fortalecimiento de oficinas públicas encargadas de garantizar el acceso digno a la nacionalidad y documentación.
En el comunicado, el Movimiento sostuvo que “las políticas de desnacionalización, racismo estructural y violaciones sistemáticas de derechos humanos siguen destruyendo familias dominicanas y dejando cicatrices sociales profundas”.
Finalmente, la organización hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional, a organizaciones de derechos humanos, instituciones del Estado y a la ciudadanía comprometida con la justicia, para no permanecer indiferentes ante lo que calificó como una “barbarie institucional”.
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